Sobrevenido el repentino y lamentable deceso de don Luis Paulino Mora, insigne jurista de talla y renombre nacional e internacional, la Corte Plena y el Poder Judicial quedaron impactados. Rápidamente, los mecanismos institucionales dispuestos, permitieron asegurar la continuidad de esos órganos, sin interrupciones traumáticas, asegurando a los ciudadanos la continuidad y estabilidad del servicio público de la Administración de Justicia.

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La Dirección del OIJ interpone El Pecado recurso de hábeas corpus, a favor de los Privados de Libertad, Que se encuentran recluidos en las Celdas Judiciales Que la ONU recibido la Fecha de Ingreso de Han Ninguna Por Instancia de Instancia de instancia de parte de Adaptación Social, en Razón de Órdenes de jueces de ejecución Resuelve de la Peña y la Sala Constitucional, Que Han Determinado el Cierre de los Centros de Atención Integral de Adaptación Social, POR ESTOS quedaras citado estafa Una sobrepoblación Que No permite Más Ingresos Y Que atenta contra TODAS las Garantías Mínimas carcelarias de Que Regulan el los Tratados baño Derechos Humanos.

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La no reelección del magistrado José Manuel Arroyo, juez independiente, intelectual, profesor y funcionario ejemplar, que por muchos años se ha distinguido como presidente de la Sala III, nos ha consternado.

Recordemos que, a finales del año pasado, de manera valiente defendió la independencia del Poder Judicial, ante la no reelección del magistrado Fernando Cruz, a quien acompañó, sin hacer cálculos políticos, en los momentos más difíciles para este Poder de la República, expresando por los medios de comunicación con vehemencia su clara oposición a este acto tan arbitrario; participó en la vigilia que se extendió hasta la madrugada, como uno de los pocos jerarcas que se hizo presente.

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El monitoreo electrónico es una alternativa factible al hacinamiento carcelario, pero en ningún caso puede sustituir la política pública en materia de criminalidad

Es importante implementar un sistema eficiente que atienda, con prontitud y diligencia, los incumplimientos que puedan darse en el uso de los brazaletes

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La seguridad ciudadana no se resuelve con más represión

“Ojo por ojo, diente por diente” es lo que se desprende con más renombre del Código de Hammurabi. En 1764, un italiano adelantado a su época se cuestionó lo inhumano de desmembrar en pedazos a un hombre. Cesare Beccaria se opuso a la pena de muerte. “El hombre es el lobo del hombre”. Muchos se mofan por las redes sociales de las condiciones paupérrimas e insalubres de los privados de libertad, esperanzados de que sean violados, o quizá sugiriendo la instauración de la cadena perpetua o de la pena de muerte.

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Fuente : La Nación

Nuestra legislación Procesal Penal, prevé la aplicación de un Procedimiento Abreviado, mediante el cual el o los imputados, de común acuerdo con el Ministerio Publico, Querellantes y Actores Civiles, previa aceptación de los hechos acusados, pactan la aplicación de una pena a efectos de prescindir del juicio oral y publico. Dicho acuerdo tiene como objetivo el que el imputado reciba como beneficio la imposición de una pena mas favorable, en la cual incluso se le puede fijar la misma hasta un tercio por debajo del mínimo de la pena que deba disponerse en sentencia. 

Es nuestro criterio, que la negociación del proceso abreviado, es entre partes, siendo el juzgador un ente regulador de lo que el acuerdo de partes establece, quedando el Juez de la Etapa Intermedia, como lo es un garante  de que las partes acuerden de manera licita la forma de dar un término adecuado al proceso y que este acuerdo llegue al Tribunal de Sentencia, a efectos de que se dicte y fundamente la resolución de fondo correspondiente, conociendo que este procedimiento no releva al juzgador del deber de fundamentar la sentencia, dando las razones para la imposición de la pena acordada e incluso teniendo la facultad de absolver si considera que los hechos y las pruebas, aun con el reconocimiento del imputado no son típicos, antijurídicos o bien el imputado no es culpable. 

Nuestra legislación procesal penal prevé la aplicación de un procedimiento abreviado, mediante el cual el/ los imputados, de común acuerdo con el Ministerio Público, querellantes y actores civiles, previa aceptación de los hechos acusados, pactan la aplicación de una pena a efectos de prescindir del juicio oral y público. Dicho acuerdo tiene como objetivo que el imputado reciba como beneficio la imposición de una pena más favorable, en la cual incluso se le puede fijar la misma hasta un tercio por debajo del mínimo de la pena que deba disponerse en sentencia.

Nuestra legislación procesal penal prevé la aplicación de un procedimiento abreviado, mediante el cual el/ los imputados, de común acuerdo con el Ministerio Público, querellantes y actores civiles, previa aceptación de los hechos acusados, pactan la aplicación de una pena a efectos de prescindir del juicio oral y público. Dicho acuerdo tiene como objetivo que el imputado reciba como beneficio la imposición de una pena más favorable, en la cual incluso se le puede fijar la misma hasta un tercio por debajo del mínimo de la pena que deba disponerse en sentencia.

¿Y que hace Adaptación Social al respecto?

Con preocupación y tristeza, analizo la noticia que nos trae un diario en su edición del Domingo, 24 de febrero, donde comunican sobre la Violacion de un joven en la Carcel de San Sebastian, y en los subtemas se expresa, que el disparador es producto del Hacinamiento existente.

A consideración del suscrito, el Hacinamiento es solo uno de los graves problemas que afronta nuestro sistema penitenciario, y razon de ello, de la falta de capacidad institucional para superar estos problemas, es que se dio la “renuncia” del Viceministro Polanco, quien indico, que no fue una renuncia y que esta se dio por existir divergencias entre lo que éste proponía debía cambiar institucionalmente y las politicas que en la actualidad el Ministerio de Justicia tiene, considerando que no eran las más adecuadas para el sistema en la actualidad.

Reynaldo Villalobos, actual Director de Adaptación Social, nos indica que en las cárceles, “…los juegos de poder entre reos son iguales a como ocurren en la sociedad, y las víctimas son las más vulnerables…”.

Conozca acerca de la demanda interpuesta en el Tribunal Contensioso por el Lic Rafael Rodríguez en el caso de un asesinato de un estudiante de secundaria a manos de un particular en el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro.