Alguna vez le ha pasado que descargó todo su enojo por medio de una red social y que muchas personas se sintieron ofendidas con lo que escribió, además, después la empresa en donde labora lo amonestó o en el peor de los casos lo despidió. Esto podría pasar sino toma las medidas necesarias a la hora de expresarse por medio de las redes sociales.

Según Rafael Rodríguez, abogado de la Firma de Abogados CR, muchas personas utilizan los diferentes sistemas de comunicación de redes sociales de forma inconsciente y hacen partícipes de sus privacidad a las instituciones y empresas para las cuales laboran.

Pero ¿qué ocurre si usted trabaja para el Gobierno? Rodríguez explicó que el trabajar en alguna entidad pública no tiene que interferir en la forma de opinar, siempre y cuando los mensajes no sean de carácter ofensivos o radiquen en hechos calumniosos o injuriosos.

“Los funcionarios públicos de acuerdo a su estatus pueden tener alguna limitación que le impida brindar ciertas opiniones, las cuales pueden ser tomadas en cuenta como una manifestación oficial, cuando no lo es o bien cuando en su condición de empleado público, debe reservar su expresión a fin de ser debidamente autorizada”, explicó el abogado.

Rodríguez comentó que la libertad de expresión del trabajador puede colisionar contra aquellos intereses del empleador, sin embargo, no podrá regularse ni controlar el acceso a todo aquello que el trabajador libremente opina, sube y comparte en su red social privada.

“En caso de que se utilicen perfiles públicos para emitir comentarios que afecten los intereses de la empresa del empleador como calumnias, ofensas al jefe o compañeros de trabajo, se podrá dar una sanción o un despido justificado”, indicó.

La publicación de contenidos por parte del trabajadores responde a la voluntad de las personas, por lo tanto cada imagen subida y comentario realizado podría afectarlo seriamente en su relación laboral.

Se nos ha invitado a participar hoy día como consultor en el programa Giros de Canal 6, en un tema relacionado con la legalidad del uso de videocámaras y grabaciones en investigaciones de índole privada, para determinar pruebas en casos de infidelidad y otros. Tema de interés que pueden dar seguimiento a partir de las 7:30 a.m.

En esta mañana en ‪#‎Giros‬ ‪#‎Repretel‬ estuvimos hablando sobre las nuevas tecnologías como lo son los Drones y Cámaras de Seguridad como sus aplicaciones pueden ser aplicadas y que limitantes existen dentro del ámbito legal.

La Fiscalía cambió la acusación contra dos funcionarios del Ministerio de Seguridad a quienes en un inicio les atribuía vender datos policiales. Sin embargo, ahora los señala por pedir dinero a un empresario a cambio de viajar a la zona sur para hacerle un trámite.

Los imputados son de apellidos Ortega y Ramírez. El primero se desempeñaba como jefe del Archivo Policial, en tanto que el segundo estaba encargado de tomar huellas dactilares en esa dependencia.

Ellos fueron detenidos en mayo del 2011 por el Organismo de Investigación Judicial.

En ese momento la Policía Judicial señaló que ambos eran sospechosos de cobrar unos ¢380.000 a empresas privadas a cambio de darles información. La Fiscalía les achacó el delito de peculado.

No obstante, para el juicio por este caso que empezará mañana a las 8 a. m. en el Tribunal Penal de Goicoechea, los fiscales revaloraron la prueba y variaron la acusación por el delito de concusión.

Sobre esa transgresión, el Código Penal establece que “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.

Defensa. El abogado defensor de Ortega, Rafael Rodríguez, aseguró que no hubo “nada ilegal” en la situación descrita por el Ministerio Público.

“Lo que se dio fue una solicitud de una empresa de que se fuera a hacer la toma de huellas dactilares a la zona (en Corredores) para que no tuvieran que desplazarse 40 oficiales (privados). Ellos ponían los gastos de hospedaje y viáticos”, manifestó Rodríguez.

“Eso se hacía. Nosotros tenemos cartas donde se hacían esas solicitudes a la Policía porque no tenía nada de ilegal. La toma de huellas únicamente es requisito para actos de otros departamentos. Se autorizó como se han autorizado cientos de casos”, alegó.

Rodríguez afirmó que la factura de los ¢380.000 corresponde al pago de los viáticos de los funcionarios.

“Eso es lo que en última instancia pudo acreditar la Fiscalía para poder mantener el proceso”, aseguró el defensor.

Rodríguez informó de que el Ministerio de Seguridad despidió a su cliente y a su compañero, pero Ortega inició un proceso contencioso por lo que fue reinstalado en su puesto como medida cautelar.

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Un trabajador puede alegar sus derechos durante la vigencia del contrato laboral y hasta un año después de haber finalizado la relación laboral.

Normativa.- Artículo 602 Código de Trabajo

Fuente: Ministerio de trabajo

El contrato de trabajo puede clasificarse según diversos criterios o factores. Si el contrato afecta a una sola persona trabajadora se llama contrato individual; pero si la contratación involucra a varias personas trabajadores se denomina contrato colectivo de trabajo.

La clasificación más importante en la práctica es la que se hace según la duración del contrato de trabajo:

1. Contratos por tiempo definido:Contratos por tiempo indefinido o indeterminado.
   • Contratos a plazo fijo, por tener un plazo de terminación fijado de antemano; y
   • Contratos por obra determinada, porque los servicios se contratan para la realización de una obra específica.

Fuente: Ministerio de trabajo