¿Qué ha pasado con la reforma procesal laboral?

Ya casi acercándonos al primer semestre de la puesta en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, quiero referirme a algunos aspectos que han creado preocupación al respecto y me refiero específicamente a dos de las categorías donde se dieron los cambios, a saber el: Derecho Individual del Trabajo y Los Aspectos Procesales.

Con la sola expectativa de la nueva normativa, se dieron algunas erróneas apreciaciones, principalmente  entre los trabajadores, que no comprendieron muchos aspectos de ello.

Es constante aun escuchar a trabajadores y patronos discutir sobre temas que supuestamente cambiaron con la Reforma Procesal Laboral, cuando en realidad no se dieron estos cambios.

Se ha malentendido por parte de trabajadores y algunas empresas  que se modificó de alguna forma las jornadas de trabajo, indicándose que la reforma, obliga a trabajar solo en  las jornadas ordinarias existentes de 8, 7 o 6 horas, sea esta diurna, mixta o nocturna respectivamente, y que no es permitido las jornadas de mas horas, si no se cancelan horas extraordinarias.

La reforma no modificó en lo absoluto las jornadas de trabajo. Si se trabaja mas allá de dichas jornadas, dentro de los límites permitidos por ley, deben cancelarse horas extras, como ha sido siempre la obligación del patrono y el derecho del trabajador.

La reforma no modificó las obligaciones patronales sobre salarios y otros beneficios relacionados, esto por cuanto no existen cambios en el tema de salarios mínimos, aumentos, cálculo y pago de horas extra, etc. Tampoco ha variado la obligación de reportar todos los salarios de sus trabajadores a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ni ha cambiado el tope de ocho años de cesantía en el sector privado.

Los cambios existentes y de importancia en la actualidad, indicamos, los vemos desde dos perspectivas específicas:

Derecho individual de trabajo:

  1. Se amplió la protección por discriminación en el empleo, señalándose un total de 14 causales de discriminación entre las cuales se mencionan: edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, discapacidad, afiliación sindical y si queda alguna duda sobre las causales, se incluyó una última que señala cualquier otra forma análoga de discriminación.
  2. Se incorporaron  cambios al proceso de despido sin responsabilidad patronal, en donde se deja claro el tema de la obligatoriedad en la entrega de la carta de despido y se indica que las causales, para proceder con el despido sin responsabilidad patronal, deberán ser señaladas de forma clara y sin que se preste o exista duda alguna sobre la verdadera razón que originó la terminación del contrato. Por último, se indica como proceder en caso de que el empleado no quiera firmar de recibido la carta de despido.
  3. Se abre la posibilidad del despido sin responsabilidad patronal por casos de discriminación en el empleo o en el acceso al empleo (proceso de reclutamiento). Es decir, se incorpora  una nueva razón para despedir con justa causa, sin pago de preaviso ni auxilio de cesantía.
  4. Se mantiene el despido con responsabilidad patronal, por la voluntad del patrono, en el tanto se reconozcan los derechos al trabajador.
  5. Un cambio que ha creado mucho de que hablar es en cuanto a los representantes patronales, “directores, gerentes, administradores …, las personas que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección o administración”, en cuyo caso se incorporan las siguientes novedades:
  • Responsabilidad hasta personal en caso de ordenar actuaciones que signifiquen infracciones a las leyes del trabajo.
  • En casos de discriminación, el representante patronal puede formar parte del proceso judicial a título personal.

Sobre estos aspectos, no tenemos aun muestra de problema alguno en cuanto a su interpretación, sin embargo consideramos se esta haciendo una errónea aplicación en lo relacionado con las causales de despido, la carta del despido y la posibilidad del despido con responsabilidad patronal.

Aspectos procesales:

  1. Se implemento la justicia gratuita a favor de todos aquellos trabajadores que ganen menos de dos salarios bases por mes, o que hayan sido despidos por discriminación. También aplica la asistencia legal gratuita para trabajadores adolescentes o mujeres en estado de embarazo o lactancia. Situación que en la actualidad, ha empezado a ser controversial, por cuanto la DEFENSA PUBLICA LABORAL, no ha tenido la capacidad de asumir de manera pronta  la atención de los trabajadores e incluso se indica, que se están atendiendo con citas previas que ya sobrepasan el mes de espera para turno.
  2. Se implemento la oralidad buscando reducir el tiempo de duración de los juicios, sin embargo los problemas en los cambios tecnológicos han generado problemas en su adecuada aplicación. Se eliminaron los tribunales de menor cuantía y los casos que antes veían esos tribunales pasaron  a los Juzgados a ser resueltos por un solo juez.
  3. Se incorpora un trámite en vía sumaria para la tramitación de reclamos por discriminación, que deben ser atendidos de forma prioritaria por el juez, sin embargo la realidad en su aplicación ha sido otra.
  4. Se regulo la protección de fueros especiales y la tutela del debido proceso en situaciones como: maternidad y lactancia, trabajadores adolescentes, líderes sindicales, trabajadores en régimen de empleo público, denunciantes de acoso sexual y otros.
  5. Se regulo la reinstalación del trabajador cuando sea despedido por haber sufrido un accidente o riesgo de trabajo. En estos casos habrá que tomar las medidas necesarias para evitar reclamos judiciales.

La celeridad esperada en materia procesal, empieza a causar preocupación, pues desde ahora, existen despachos judiciales, que a nivel de agenda, ya se encuentran realizando señalamientos, para finales del presente año e inicios del 2019. Algo estará sucediendo, pues la conciliación de agendas de defensa publica y privada, pueden saturar las fechas de audiencia y consecuentemente la celeridad esperada no es tal.

Si el trabajador, con anterioridad podía accionar de manera personal y ser recibida su demanda en estrados el mismo día que así lo requirió, hoy día, con la Defensa Publica, debe solicitar su atención, esperar cita en muchos casos y turno de espera para la redacción de su demanda.

La Reforma Procesal Laboral, que desde el pasado 25 de julio es Ley de la República, ha provocado y seguirá provocando algunas interpretaciones incorrectas y hasta se habla de algunos temas que ni siquiera están regulados o que su regulación no dice lo que algunos señalan como una verdad.

Los patronos se han apurado para normalizar la situación interna para evitar denuncias en su contra. Muchos han procurado corregir todos los procedimientos erróneos en la gestión empresarial, esto por cuanto ahora los patronos deben mantener mucho orden en su organización interna, deben tener a mano los documentos que respaldan sus actuaciones, desde la publicación de ofertas de trabajo hasta los despidos y por supuesto todo lo acontecido entre ambos momentos.

Hoy día existen normas escritas que inclinan la balanza de la carga probatoria en manos de la parte patronal a quien le compete probar, entre otros elementos: la fecha de ingreso, el puesto desempeñado, las causas de extinción del contrato, el pago de todos los salarios y sus complementos (comisiones, incentivos, etc.), el pago de los días feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones, el pago de los seguros sociales y de riesgos de trabajo, justificar medidas que se puedan considerar discriminatorias, etc.

En realidad, es mi humilde apreciación, que a la fecha, no se han cumplido las expectativas, de la Reforma Procesal laboral, y ello debido a la falta de mecanismos a nivel judicial, para poder hacer una realidad su adecuada ejecución e implementación. El tiempo nos dirá, si la CELERIDAD en los procesos será una realidad o solo se quedara en la letra.

Opinión: El mundo

Absuelven ex-Gerente de Banco por estafa de ¢150 millones

El Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón absolvió a cinco personas, quienes fueron acusadas de tres delitos, uno de estafa contra un banco privado que aseguró haber perdido $300 mil, ¢150 millones aproximadamente; dos de administración fraudulenta y dos de falsedad ideológica.   En agosto del 2008, según los representantes del banco y la acusación del Ministerio Público, cinco personas que formaban parte de una organización criminal se juntaron y pusieron de acuerdo para comprar dos propiedades, las pusieron en garantía hipotecaria, le dieron un valor mayor al que tenían, solicitaron un crédito y no pagaron los terrenos.   No obstante, los jueces Manuel Fallas Calderón, Ericka Cordero Marroquín y Manuel Morales Vásquez consideraron que no hubo prueba suficiente para acreditar los hechos y de acuerdo con Rafael Rodríguez, abogado del exgerente del banco, “no se demostró que mi cliente o los cuatro hayan cometido un ilícito y por el contrario se hizo referencia a una deficiente investigación del Ministerio Público y a los acusados se les absolvió de toda pena y responsabilidad”.

Según Rodríguez, “en el banco siempre dijeron que las propiedades tenían un precio menor al que se les adjudicó, pero se demostró que el valor era diferente debido a la crisis económica mundial que se presentó en ese momento y que redujo el valor de las propiedades, por lo que cambiaron las condiciones”.   “ME CAUSARON DAÑO”   William Ramírez era el gerente del banco privado y toda su vida se desarrolló en este tipo de entidades.

Él asegura que el señalamiento y la acusación en su contra le causaron un daño moral a él y a su familia durante los últimos 6 años.   “Esta situación me marcó a mí como persona trabajadora, pero también a mis hijos, quienes eran objeto de comentarios de todo tipo y llegaban llorando a la casa haciendo preguntas de por qué me llevaron preso en un carro del OIJ y la verdad es que todo eso desgasta y es algo difícil de enfrentar día a día.   Un día llegué a mi oficina y me detuvieron en la puerta principal sin mayor explicación. Me dijeron que era una orden de la jefatura, fue una situación humillante porque no sabía nada, fue inhumano”, comentó Ramírez.   Ahora, afirma Ramírez, después de vivir lo que él llamó una pesadilla, continuará su camino y no descartan interponer una denuncia por el daño que le causaron.  La fiscalía estuvo representada por Esteban Víquez Vargas.

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Muerte de técnico del ICE sería un homicidio

La muerte del técnico en redes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Luis Alfaro Arguedas, podría ser un homicidio luego de que recibiera una descarga de 19 mil voltios mientras hacía trabajos en Río Segundo de Alajuela.  La víctima de 48 años sufrió quemaduras de tercer grado en el 83% de la superficie corporal, cuando al parecer uno de sus compañeros bajó la cuchilla para que el fluido eléctrico llegara sin que se terminaran las labores de reparación que hacían.  Esa fatídica mañana del 19 de febrero del 2014, Alfaro quedó guindando del arnés que portaba y dos de sus compañeros lo bajaron con su ropa en llamas y en medio de una serie de cables para que los cruzrojistas lo atendieran en tierra.  Una vez estabilizado, lo trasladaron en primera instancia al Hospital San Rafael, de donde lo remitieron por su grave condición a la Unidad de Quemados del San Juan de Dios. Ahí murió 4 días después a las 3 a.m..  Luego de la investigación, entrevistas y el análisis, se logró determinar quién fue la persona con mayor responsabilidad del fallecimiento de Alfaro, pues de no haberse dado paso a la luz se hubiese culminado el trabajo sin problema alguno.

  DOS EN LA MIRA

Según el informe emitido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), existieron tres errores de procedimiento durante las labores que realizaban los empleados del ICE.  El primero fue el exceso de confianza por parte del ofendido, cuando no conectó las tierras de manera correcta, lo que consistía en realizar un puente entre las tres líneas primarias, conectar cables y luego al neutro, que no entrelazó. El segundo de los errores lo cometió, según los investigadores, el supervisor del paro programado (trabajo que hacían), quien debió quedarse en el sitio donde estaba Alfaro e indicarle que debía conectar las tierras de manera correcta.  El tercer fallo se atribuye al otro imputado apellidado Castro Cordero, quien estaba junto al supervisor, a unos 800 metros de donde se encontraba el ahora occiso, y sin aparente orden conectó la cuchilla que permitió el paso de la electricidad cuando trabajaba en las líneas primarias. Rafael Rodríguez Salazar, abogado de la familia doliente, manifestó a DIARIO EXTRA que la labor se había iniciado y no se tenía que subir la corriente hasta que finalizara.  “Independientemente si Alfaro estuviera o no en ese lugar no tenían que subir la electricidad sin que se diera la orden de que el trabajo había finalizado. Era una persona que tenía más de 6 años de experiencia como técnico del ICE, sabía lo que estaba haciendo, eso de decir que las tierras estaban puestas no es verdad”, explicó.  Rodríguez agregó que la víctima era supervisada, existe control de calidad en dichas labores y no se puede abrir una cuchilla si no se tiene la orden del supervisor, se tiene que constatar, es precaución.

CABEZA DE HOGAR

La familia y su abogado están muy interesados en sentarse a negociar con las autoridades del ICE para resolver las pretensiones que tienen las partes. Alfaro tenía estabilidad económica, profesión, expectativa alta de vida y deja una familia desamparada, que dependía de él.  Bryan Alfaro, hijo del fallecido, expresó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que su mamá y sus dos hermanas menores se quedaron al garete.  “Han sido meses muy duros, mi papá nos llevaba el sustento a la casa, los compañeros del ICE estuvieron pendientes de mi mamá y dos hermanas menores. Queremos sentar un precedente debido a que los que están en la calle trabajando son personas y la institución debe velar por ellos”, recordó.  Bryan estudia ingeniería eléctrica y asegura que la versión que han dado no coincide con lo que realmente pasó, por lo que espera que se haga justicia.  El Ministerio Público no ha hecho una acusación por homicidio culposo, tiene el proceso en investigación y deberá considerar si existen elementos suficientes para acusar y establecer responsabilidad.  De parte de Rodríguez establecerá una querella privada por considerar que se incumplieron las normas de seguridad y los protocolos que llevaron a la muerte de Alfaro, además una acción civil contra los presuntos responsables y solidariamente contra el ICE, quien es el patrono.  La institución realizó una investigación para ver qué pasó y mencionaron que los dos sospechosos como la víctima mortal tenían 6 años de experiencia siendo técnicos en ese puesto.

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Giros Repretel: Nuevas Tecnologias de Seguridad

Se nos ha invitado a participar hoy día como consultor en el programa Giros de Canal 6, en un tema relacionado con la legalidad del uso de videocámaras y grabaciones en investigaciones de índole privada, para determinar pruebas en casos de infidelidad y otros. Tema de interés que pueden dar seguimiento a partir de las 7:30 a.m.

En esta mañana en ‪#‎Giros‬ ‪#‎Repretel‬ estuvimos hablando sobre las nuevas tecnologías como lo son los Drones y Cámaras de Seguridad como sus aplicaciones pueden ser aplicadas y que limitantes existen dentro del ámbito legal.

 

Opinión: Un asunto de credibilidad

Las manifestaciones de la Señora Procuradora de la Republica, Ana Lorena Brenes, en el sentido de que el ex Vice Ministro de la Presidencia, Daniel Soley, le hizo ofrecimientos de puestos en el Servicio Exterior como Embajadora, con el único propósito de que dejare su puesto en la Procuraduría General de la República, se ha convertido -de acuerdo a las posiciones de ambas partes- en un asunto de credibilidad, en el cual la ciudadanía deberá deducir y escoger -segín su leal entender- quién dice la verdad.

Un asunto de gravedad, dado que se deja entrever la posibilidad de que el Gobierno, en aras de buscar un mejor acomodo a sus decisiones políticas que han sido objetadas por la Procuraduría, busque solucionar dichas diferencias dejando entrever de manera sutil y con matices de amenaza su descontento a quien ostenta dicho cargo.

Entendidos en la materia legal, han manifestado la necesidad conforme se dice en derecho, de que quien alega esta en la obligación de demostrar su dicho, dejando al arbitrio de cada uno de los involucrados la carga de la prueba. Lo único claro y que ha sido reconocido por ambas partes, es que de manera efectiva existió una reunión entre ambos, con carácter publico o privado, y de la cual tenía pleno conocimiento el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.

Me pregunto, y dejo entrever, si era una reunión de carácter privado, porque el Vice Ministro puso en conocimiento de su superior que se iba a llevar a cabo dicha reunión. Los asuntos privados, no requieren en la lógica ser informados.

¿Qué razones tiene la Procuradora, para informar al Presidente, que ha sido presionada por el Vice Ministro de la Presidencia, con ofrecimientos en cargos de Embajadora, para con ello dejar la Procuraduría General de la República? Pues de no ser ciertas dichas afirmaciones,  la única afectada sería su credibilidad.

De mi parte considero que el análisis sobre la credibilidad radica en un estudio de las figuras que se ven involucradas en los hechos, uno el Vice Ministro, político, y otra la Procuradora, una funcionaria de carrera, que dentro de lo que se ha visto, no se ha encasillado como una política.

Groucho Marx dijo: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.  ¿Será acaso, que lo sucedido acá, no lo previó el Vice Ministro Soley, quien amparándose de la amistad que pregonan existía entre ambos, es puesto en el intento de realizar los ofrecimientos para tantear la posición de su “amiga” sin esperar que ante su proba actitud, le molestara y consecuentemente tomara la decisión de informar a la Presidencia? Fue por lana y salió trasquilado.

El escritor Antonio Gala, dijo “Los políticos honrados se quitan de en medio cuando cae sobre ellos la sospecha”. ¿Será acaso que bajo esta premisa, el ex Vice Ministro Soley, tomo la decisión de retirarse de su cargo? El ha sido enfático en manifestar que la Procuradora miente y que él no realizó ofrecimiento alguno. ¿Sera su decisión de renuncia, una decisión política o una decisión de honradez? Queda a su conciencia la verdad de los hechos.

Louis McHenry Howe, dijo “Nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado”. Un político -es sabido- no puede admitir su error, porque su carrera se vería afectada. De aquí la duda sobre la realidad del hecho, al ser analizado como un hecho de carácter político.

Santiago Carrillo, Político Español, es claro en indicar que “en la política, el arrepentimiento no existe. Uno se equivoca o acierta, pero no cabe el arrepentimiento.”  De aquí que pensamos que ante la existencia del error, no existirá aceptación de ninguna parte, en el tanto el asunto sea político. Esto por cuanto es muy difícil que exista compatibilidad entre la política y la moral.

La posición en lo que respecta a la Señora Procuradora, deberá encaminarse en un análisis fuera de la política. ¿Existen razones para tratar, de parte de ella, de hacer quedar en mal a quien considera su amigo? ¿Hay una razón atendible, para fraguar una mentira que a todas luces también dañará su imagen? ¿Qué interés tendría al sacar a la luz un asunto que se vio en privado y que pudo haber quedado en dicho ámbito?

Las respuestas, como se dijo en su verdad, solo la conocen los involucrados, y dejan en cada quien tener que dilucidar de acuerdo al conocimiento que se tiene de cada una de las partes a quién se dará la razón.

Lo que es cierto es que un asunto que pudo haber sido resuelto por el Señor Presidente de la Republica, Luis Guillermo Solís, e incluso el mismo Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, no fue atendido de manera adecuada, dejando que en la Asamblea Legislativa y otras instancias del Gobierno se derrocharan recursos y tiempo necesario para la verdadera solución de los asuntos que requieren la adecuada atención.

Cada quien deberá hacer un análisis para dar credibilidad al dicho de cada una de las partes, de mi parte, solo puedo decir, que si el asunto es político, me es mas creíble, pensar que por decisión política se miente.

Lic. Rafael Rodríguez
Abogado

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Condenan chofer por muerte de Ingeniero

Un conductor de autobús fue condenado a 2 años y 11 meses de prisión por atropellar y matar al ingeniero electromecánico Daniel Jesús Gutiérrez Ovares, cuando se dirigía en motocicleta a su trabajo en el Hospital Nacional de Niños.

El hecho ocurrió en San José el 5 de febrero de 2010 a las 7:40 a.m. en avenida 8, calle 1, cuando el joven de 24 años fue arrastrado seis metros por el bus placas AB1592 de la empresa Autotransportes San Antonio, que guiaba un hombre de apellido Aguilar.

Según los cruzrojistas el paciente estuvo por al menos 15 minutos debajo del bus atrapado con múltiples golpes por lo que fue trasladado muy delicado al hospital Calderón Guardia donde estuvo más de 2 años en coma.

La motocicleta que conducía la víctima era una Freedom 150 centímetros cúbicos mientras que al chofer del bus que cubría la ruta Fátima-San José se le realizó la alcoholemia, la cual dio negativa, confirmaron las autoridades de Tránsito.

Dolores Ovares, madre del joven, salió satisfecha por la decisión de los jueces pero comentó a DIARIO EXTRA que nada le devolverá a su hijo.

“Quería justicia, así se lo prometí a mi hijo y hoy (lunes) el conductor responsable no estará  en las calles generando más dolor, debería recapacitar lo que hizo. Fueron más de dos años luchando para que sobreviviera, era un hijo que se preocupaba por su familia, trabajador, tranquilo y estudioso, se nos fue muy temprano”, recordó.

Daniel vivía en Tres Ríos junto a su madre y es el cuarto de siete hermanos.

Rafael Rodríguez, abogado de la familia doliente, aseguró que intentaron conciliar con el Instituto Nacional de Seguros pero la propuesta que hicieron fue inaceptable.

“Ofrecer ¢12 millones por la muerte de un joven que estudiaba dos carreras, que tenía un trabajo estable y  su familia dependía en gran parte de él era inaceptable. Por el daño moral fueron ¢40 millones, por dicha el tribunal condenó, sentamos un precedente”, detalló.

El Periódico de Más Venta en Costa Rica intentó conversar con los encargados de la empresa de buses, sin embargo no fue posible ubicarlos.

Para leer la noticia puede ingresar desde el siguiente enlace: Diario la Extra

Firma tica invierte $14 millones en proyecto inmobiliario en San Carlos

El grupo costarricense Ecoquintas invirtió alrededor de $14 millones en el desarrollo de un proyecto de 800 quintas, ubicado en La Fortuna de San Carlos.

“La Finca Comunidad Campestre” es el nombre del desarrollo localizado a 1,5 km del centro de La Fortuna. Según un comunicado de prensa, los tamaños de las quintas, totalmente planas, oscilan entre los 300 y 1.000 metros cuadrados.

El proyecto incluye condominios, así como residenciales para la clase media alta. Además, cada propiedad cuenta con servicio de agua y electricidad, acceso para todo tipo de vehículos e impuestos municipales.

Gaudelio Zúñiga, presidente de Ecoquintas, indicó que el público meta principal del proyecto son los inversionistas costarricenses.

“Muchos inversionistas especulan que este mercado es solo para los extranjeros centrándose en los dólares y euros, pero  la inversión es muy riesgosa, y al final no da resultados”, agregó Zúñiga.

Ecoquintas ya ha desarrollado cerca de 2.000 proyectos similares en sus 14 años de operación y el año pasado registró un crecimiento del 20%. De acuerdo con Zúñiga, la empresa ofrece los terrenos financiados al 100% sin la intervención de entidades bancarias.

Si deseas lees el artículo puedes seguirlo en este link: El Financiero

Fiscalía cambia acusación a empleados de Seguridad

La Fiscalía cambió la acusación contra dos funcionarios del Ministerio de Seguridad a quienes en un inicio les atribuía vender datos policiales. Sin embargo, ahora los señala por pedir dinero a un empresario a cambio de viajar a la zona sur para hacerle un trámite.

Los imputados son de apellidos Ortega y Ramírez. El primero se desempeñaba como jefe del Archivo Policial, en tanto que el segundo estaba encargado de tomar huellas dactilares en esa dependencia.

Ellos fueron detenidos en mayo del 2011 por el Organismo de Investigación Judicial.

En ese momento la Policía Judicial señaló que ambos eran sospechosos de cobrar unos ¢380.000 a empresas privadas a cambio de darles información. La Fiscalía les achacó el delito de peculado.

No obstante, para el juicio por este caso que empezará mañana a las 8 a. m. en el Tribunal Penal de Goicoechea, los fiscales revaloraron la prueba y variaron la acusación por el delito de concusión.

Sobre esa transgresión, el Código Penal establece que “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.

Defensa. El abogado defensor de Ortega, Rafael Rodríguez, aseguró que no hubo “nada ilegal” en la situación descrita por el Ministerio Público.

“Lo que se dio fue una solicitud de una empresa de que se fuera a hacer la toma de huellas dactilares a la zona (en Corredores) para que no tuvieran que desplazarse 40 oficiales (privados). Ellos ponían los gastos de hospedaje y viáticos”, manifestó Rodríguez.

“Eso se hacía. Nosotros tenemos cartas donde se hacían esas solicitudes a la Policía porque no tenía nada de ilegal. La toma de huellas únicamente es requisito para actos de otros departamentos. Se autorizó como se han autorizado cientos de casos”, alegó.

Rodríguez afirmó que la factura de los ¢380.000 corresponde al pago de los viáticos de los funcionarios.

“Eso es lo que en última instancia pudo acreditar la Fiscalía para poder mantener el proceso”, aseguró el defensor.

Rodríguez informó de que el Ministerio de Seguridad despidió a su cliente y a su compañero, pero Ortega inició un proceso contencioso por lo que fue reinstalado en su puesto como medida cautelar.

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Extincion de Dominio

La lucha contra el narcotráfico debe ser sin cuartel, pero siempre en el marco del orden constitucional y el respeto a los valores construidos y compartidos por la sociedad costarricense. A partir de ese postulado, surgen serios cuestionamientos al proyecto de ley sobre extinción de dominio, defendido por sus proponentes como un arma eficaz de combate contra el crimen organizado.

La nueva ley permitiría al Estado arrebatarle bienes a quien no pueda demostrar, en un corto plazo, la legitimidad de su adquisición. Aplicada a narcotraficantes y lavadores de dinero ilícito, es una medida justa y sus efectos son deseables, pero, primero, de conformidad con la lógica de protección de los derechos individuales que inspira al orden constitucional costarricense, es preciso probar el origen espurio de los bienes. La prueba le corresponde al Estado, no al ciudadano.

La presunción de ilicitud de los bienes, de conformidad con el proyecto de ley, pesa a favor del Estado y, cuando a la Administración se le ocurra, la propiedad es ilegítima mientras su titular no demuestre lo contrario. En ausencia de esa prueba, se extingue el dominio y los bienes pasan a ser estatales.

La inversión de la carga de la prueba es inaceptable, aun tratándose de una materia extraña al proceso penal, porque la extinción de dominio es, desde cualquier punto de vista, una sanción. Por eso es también grave la fase “prejudicial” del procedimiento establecido por la nueva ley. En esa etapa, los trámites son secretos, con poca supervisión judicial y limitadísimas oportunidades para la defensa.

Tampoco existe en el proyecto la necesaria protección del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Sin orden de juez, la autoridad administrativa podría imponerse del contenido de documentos privados. Inusitadas son también las disposiciones que declaran imprescriptibles y retroactivos los efectos de la nueva ley, extendiéndolos hasta después de la muerte.

El respeto de la Constitución a la propiedad privada tampoco se ve reflejado en el proyecto. La extinción de dominio se produce a partir de una presunción, a favor del Estado, sobre la ilegitimidad de la adquisición del bien. Si el Estado demostrara esa falta de legitimidad, la adquisición sería nula y no habría vulneración del derecho a la propiedad privada, pero la nulidad –o el carácter espurio de la adquisición– no puede ser presumida, ni el deber de probar su inexistencia puede ser puesto en hombros del propietario.

El propósito de perseguir el narcotráfico y el crimen organizado es noble, tanto que en ese afán surge la tentación de cometer excesos, como ocurrió en otras latitudes con la prevención del terrorismo. El día de su juramentación en Washington, hace cinco años, el presidente Barack Obama rechazó “la falsa dicotomía entre nuestra seguridad y nuestros ideales”. Si la afirmación vale para el terrorismo, vale también para el crimen organizado. Los derechos humanos y las libertades públicas no deben ser lesionados en procura de erradicar esos males. Por el contrario, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado deben ser erradicados para proteger y preservar las libertades públicas y los derechos humanos.

El proyecto de ley de extinción de dominio violenta la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad y el principio de irretroactividad de la ley, así como la seguridad jurídica. No debería haber dicotomía entre la indispensable persecución del crimen organizado y la vigencia de esos valores, tan caros para nuestra sociedad y el orden constitucional vigente.

La iniciativa de ley no debe avanzar en el Congreso mientras existan tan graves incompatibilidades con las libertades públicas. Lo contrario sería, además, una probable pérdida de tiempo, porque la Sala Constitucional, tarde o temprano, revisará lo aprobado y es difícil imaginar una bendición del proyecto en esa alta instancia judicial.

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De la sobrepoblacion penitenciaria

La dirección del OIJ interpone un recurso de hábeas corpus, a favor de los privados de libertad, que se encuentran recluidos en las celdas judiciales que a la fecha no han recibido ingreso por parte de Adaptación Social, en razón de órdenes de jueces de ejecución de la pena y la Sala Constitucional, que han determinado el cierre de los Centros de Atención Integral de Adaptación Social, por encontrarse estos con una sobrepoblación que no permite más ingresos y que atenta contra todas las mínimas garantías carcelarias que regulan los tratados en derechos humanos.

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