Prueba Nueva y de Refutación en el Proceso Penal Acusatorio y Oral

En plena vorágine de conceptos y criterios en relación al proceso penal denominado por el artículo 20 constitucional como ¨acusatorio y oral¨, en este breve texto expondremos una serie de ideas que surgen por la normativa nacional en materia de enjuiciamiento criminal, consistentes en: ¨prueba nueva y de refutación¨.

El artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como concepto de prueba ¨a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación¨.

 Más allá que dicha postura conceptual (prueba es aquella que sirve solo al tribunal de enjuiciamiento)  es rota de manera semántica en el mismo ordenamiento tal es el caso de los artículos 314 y 315 (plazo de 72 o 144 horas a solicitud del imputado en la audiencia inicial para el debate en torno a la vinculación a proceso) en donde se hace alusión a medios de prueba que se desahogan y se valoran como ¨prueba¨ ante el juez de control, resulta relevante el retomar que el momento procesal oportuno de manera general para ofrecer medios de prueba es la etapa intermedia para que sean introducidos en la etapa de juicio.

 Es la fase de preparación a juicio aquella idónea para ofrecer medios de prueba para robustecer la llamada ¨teoría del caso¨ que se sostenga, así como aquellos relativos a neutralizar, contradecir, desvirtuar y objetar los de la contraparte, para efecto que ante el tribunal de enjuiciamiento exclusivamente se decidan las cuestiones esenciales del proceso siendo primordial el desahogo de los mencionados medios y no se genere un nuevo debate en torno a su admisión y exclusión.

Sin embargo la regla antes señalada cuenta con la excepción prevista en el artículo 390 del ordenamiento que hemos venido citando, la misma se genera de forma genérica en el caso de prueba nueva y de refutación.

La primera de ellas hace referencia a la conocida como prueba superveniente que encuentra fundamentalmente dos supuestos:

  • Medios de prueba en relación a hechos supervenientes (aquellos que surgen de forma posterior) o
  • Sobre los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia.

 Resulta todavía más interesante el concepto de prueba de refutación que es aquella que ¨con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de enjuiciamiento podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieren sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad¨.

Es importante el hecho de que el margen de factibilidad de admisión del medio de prueba de refutación es que ¨siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad¨, evidentemente el criterio hermenéutico generado por la norma es cerrado para el juzgador, ya que de lo contrario se podría generar una práctica (especialmente para medios de prueba documentales) de refutar o atacar la autenticidad en la etapa de juicio alegando que no se había considerado objetar su veracidad, autenticidad o integridad y con ello generar una dilación del proceso, las situaciones que apreciamos de manera coyuntural son las relativas a un eventual deber de autentificar u objetar los medios de prueba en la etapa intermedia, y por otro lado considerar el principio rector de actuación de las partes que es la buena fe.

 En ambos casos de excepción (prueba nueva y de refutación)  atendiendo al mismo numeral ¨el medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el Tribunal de enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba supervenientes o de refutación, para preparar los contrainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba, encaminados a controvertirlos¨.

Puedes leer el artículo en el siguiente enlace: Revista Jurista

¡Ojo! Podrían despedirlo por comentarios en redes sociales

Alguna vez le ha pasado que descargó todo su enojo por medio de una red social y que muchas personas se sintieron ofendidas con lo que escribió, además, después la empresa en donde labora lo amonestó o en el peor de los casos lo despidió. Esto podría pasar sino toma las medidas necesarias a la hora de expresarse por medio de las redes sociales.

Según Rafael Rodríguez, abogado de la Firma de Abogados CR, muchas personas utilizan los diferentes sistemas de comunicación de redes sociales de forma inconsciente y hacen partícipes de sus privacidad a las instituciones y empresas para las cuales laboran.

Pero ¿qué ocurre si usted trabaja para el Gobierno? Rodríguez explicó que el trabajar en alguna entidad pública no tiene que interferir en la forma de opinar, siempre y cuando los mensajes no sean de carácter ofensivos o radiquen en hechos calumniosos o injuriosos.

“Los funcionarios públicos de acuerdo a su estatus pueden tener alguna limitación que le impida brindar ciertas opiniones, las cuales pueden ser tomadas en cuenta como una manifestación oficial, cuando no lo es o bien cuando en su condición de empleado público, debe reservar su expresión a fin de ser debidamente autorizada”, explicó el abogado.

Rodríguez comentó que la libertad de expresión del trabajador puede colisionar contra aquellos intereses del empleador, sin embargo, no podrá regularse ni controlar el acceso a todo aquello que el trabajador libremente opina, sube y comparte en su red social privada.

“En caso de que se utilicen perfiles públicos para emitir comentarios que afecten los intereses de la empresa del empleador como calumnias, ofensas al jefe o compañeros de trabajo, se podrá dar una sanción o un despido justificado”, indicó.

La publicación de contenidos por parte del trabajadores responde a la voluntad de las personas, por lo tanto cada imagen subida y comentario realizado podría afectarlo seriamente en su relación laboral.

¿SE JUSTIFICA LA PRISIÓN PREVENTIVA SI TIENE FINES PROCESALES?

Los fines procesales

1. La irrelevancia del fin

Según la doctrina más garantista, “la presunción de inocencia no puede significar la prohibición del dictado de la prisión preventiva… La solución sólo puede descansar en la concepción que sostiene que la prisión es prohibida como pena anticipada y que debe diferenciarse entre esta medida coercitiva y la pena privativa de libertad…”.

Sin embargo, se reconoce, al mismo tiempo, “que la prisión preventiva y la pena privativa de libertad no se pueden diferenciar sustancialmente en la intensidad de la restricción a la libertad. Entre ambas solamente es posible una distinción que parta de los fines de la privación de libertad en cada una de ellas”. En este sentido, se sostiene:

“La diferencia entre la coerción material y la procesal no se observará por el lado del uso de la fuerza pública, ni centrando la mira en aquello que implica la privación de libertades otorgadas por el orden jurídico, elementos que caracterizan a toda coerción estatal y que, por lo tanto, son comunes a ambas; sólo se puede establecer por el lado de los fines que una y otra persiguen…”.

Es necesario señalar que no es cierto que la diferencia entre coerción procesal y material no se pueda establecer por el lado del uso de la fuerza pública, “ni centrando la mira en aquello que implica la privación de libertades otorgadas por el orden jurídico, elementos que caracterizan a toda coerción estatal y que, por lo tanto, son comunes a ambas”. La magnitud de “aquello que implica la privación de libertades” podrían diferenciarse perfectamente estableciendo un régimen mucho menos restrictivo de derechos para la coerción procesal que el de la coerción sustantiva. Tampoco es cierto que la magnitud de la restricción de libertades “caracterizan a toda coerción estatal”, pues el Estado cuenta con facultades jurídicas para imponer medidas de coerción de diverso contenido, finalidad y alcance de la restricción de derechos.

Así, la doctrina justifica que el Estado imponga una restricción de la libertad a una persona inocente que en nada se diferencia de una pena. Según esta misma doctrina, tal restricción es legítima por el fin que el Estado cumple con la privación de libertad. Así, se sostiene en la doctrina más restrictiva del encarcelamiento preventivo:

“… la detención judicial… [s]e asemeja en su apariencia externa a la pena privativa de la libertad, consistiendo ésta… en el encarcelamiento en un lugar cerrado, pero no tiene la finalidad de constituir un mal al afectado, que pudiera merecer en razón de su hecho, sino de prevenir el entorpecimiento de la realización del proceso y, consiguientemente, de causar las afectaciones imprescindibles a su finalidad preventiva”.

Veamos, entonces, qué tenemos. Por un lado, tenemos un individuo jurídicamente inocente, al cual, se supone, el Estado no puede someter a medidas coercitivas de carácter represivo. Por el otro, tenemos órganos estatales que necesitan atentar contra la libertad de esta persona inocente, con la finalidad de aplicar una medida materialmente represiva.

Frente a esta coyuntura, se admite que si la finalidad del órgano estatal es procesal, esto es, la finalidad de garantizar la realización del derecho penal, éste puede aplicar sobre el inocente una medida de carácter materialmente represiva.

Si, como se reconoce expresamente, no hay diferencia sustancial entre la pena y el encarcelamiento preventivo, la única circunstancia que distingue a este último de la sanción represiva consiste en su fin pretendidamente cautelar.

Sin embargo, la garantía que protege al inocente debe analizarse, para determinar si ha sido respetada o no, desde el punto de vista del individuo cuya libertad protege. Desde este enfoque, debe reconocerse que se impone al inocente la misma medida que al condenado. Difícilmente se pueda afirmar que la restricción de la libertad del inocente varíe en algo, para él, por el pretendido fin que, desde el punto de vista del Estado, se le atribuya a la detención.

En este sentido, Andrés Ibañez señala:

“Se ha podido comprobar en el caso de Carrara, paradigmático por su sinceridad. Y es también advertible en un autor, Hélie, de obligada referencia cuando se trata de discurrir sobre la naturaleza y razón de ser de la prisión provisional. Es sintomático que el autor se encuentre en el deber de iniciar su discurso con la afirmación de que ‘la privación preventiva de libertad (détention préalable) de los inculpados no es una pena, puesto que ninguna pena puede existir donde no hay culpable declarado tal en juicio, donde no hay condena’. Después, señalará que aquélla, ‘si se la descompone en sus diferentes elementos, es a la vez una medida de seguridad, una garantía de la ejecución de la pena y un medio de instrucción’.

En la expresión de Hélie, la prisión provisional no es (realmente) una pena sólo porque (jurídicamente) no debe serlo, habida cuenta, sobre todo, del momento en que opera. Lo que equivale a aceptar la evidencia de que entre una y otra se da una clara comunidad de naturaleza, que se hace patente tanto en la identidad de los bienes personales afectados en cada caso como por el modo en que se produce esa afectación. Así la única diferenciación posible entre ambos institutos habrá que buscarla en un dato externo: su función formal-procesal. Y es precisamente ésta la dirección en la que se han proyectado los esfuerzos dirigidos a proponer criterios de discernimiento convicentes entre ambas instituciones”.

El principio de inocencia no existe para prohibir al Estado imponer al inocente medidas sustancialmente represivas con fines también represivos, sino paraprohibir al Estado imponer al inocente toda medida sustancialmente represiva, independientemente de los fines atribuidos a tal medida.

El derecho a ser tratado como inocente requiere un trato material ajeno al fin del Estado; es un derecho del imputado que genera obligaciones de no hacer para la autoridad pública. La pretendida finalidad que la autoridad le atribuya a un hacer que tiene prohibido no justifica su acción.

2. Jerarquía axiológica del fin procesal

Retomemos por un instante los criterios de interpretación que deben guiar la privación de libertad de personas inocentes. Para que el fin atribuido a la medida que anula por completo el derecho protegido —la libertad ambulatoria— pueda justificar la magnitud de esa restricción, ese fin debe ser, necesariamente, axiológicamente superior a la libertad conculcada.

Si fuera de idéntico valor, por ejemplo, no podría justificar la anulación íntegra del derecho a la libertad del imputado, pues se debería adoptar una solución de compromiso que permitiera equilibrar la tensión entre la restricción y el ejercicio del derecho.

Sin embargo, el principio de inocencia significa, precisamente, que se ha reconocido mucho mayor valor a la libertad individual que a la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso penal. Y este mayor valor adquiere máxima trascendencia, especialmente, cuando peligran los fines procesales, pues en los demás casos no existe necesidad de restringir la libertad. Si no fuera así, la garantía no tendría sentido limitador alguno.

Dado que los fines procesales, por decisión expresa del principio de inocencia, revisten menor jerarquía que la libertad ambulatoria del inocente, sólo pueden permitir, en todo caso, restricciones mínimas a la libertad del imputado, que jamás pueden asemejarse, por su intensidad o duración, a la pena misma. Esto es lo que sucede, precisamente, con la prisión preventiva, y es exactamente lo que el principio de inocencia prohíbe.

Varios autores ya se han pronunciado sobre la inconstitucionalidad del encarcelamiento preventivo. Ferrajoli, por ejemplo, ha puesto la cuestión de la ilegitimidad del fin supuestamente procesal en sus justos términos:

“La debilidad de esta posición de compromiso, que ha demostrado ser incapaz de contener el desarrollo patológico de la privación de libertad sin juicio, radica en su incoherencia con la proclamada presunción de inocencia, enmascarada bajo el patético sofisma de la naturaleza no penal del instituto, y es la misma debilidad que ya había aquejado a la posición de los ilustrados. Los principios ético-políticos, como los de la lógica, no admiten contradicciones, so pena de inconsistencia: pueden romperse, pero no plegarse a placer; y una vez admitido que un ciudadano presunto inocente puede ser encarcelado por «necesidades procesales», ningún juego de palabras puede impedir que lo sea también por «necesidades penales»”.

Pero este autor no ha sido el único:

“1) La primera cuestión ha sido objeto de análisis desde antiguo y ha sido reflotada hoy por diversos autores. Se expiden en favor de la inconstitucionalidad de la prisión anterior a la sentencia firme de condena, entre otros, José GARCÍA VIZCAÍNO, Libertad bajo fianza, en El Derecho, Bs. As., T. 92, 1981; Gabriel E. PEREZ BARBERÁ, Prisión preventiva y excarcelación, en La Ley, Córdoba, diciembre de 1992; Graciela LEDESMA,Presos sin condena: inocentes condenados, en Ponencias, VIII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología, Universidad Nacional de La Plata, 1996;  Eugenio Raúl ZAFFARONI, Alejandro SLOKAR y Alejandro ALAGIA, Derecho Penal, Parte General, EDIAR, Bs. As., 2000; Matilde M BRUERA, Cárcel, en Universitas Iuris, Publicación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, año 2, nº 10, 1996, ps. 3 y ss.; pareciera ser ésta, también, entre los trabajos argentinos, la posición de Fabián I. BALCARCE, Presunción de inocencia -Crítica a la posición vigente-, Lerner, Córdoba, 1996; Luigui FERRAJOLI,Derecho y Razón -teoría del garantismo penal-, Trotta, Madrid, 1989. Esta es también la tesis que tuve al ocasión de defender en mi artículo La prisión de presuntos inocentes, en Revista de la Facultad de Derecho y C. S. de la Universidad Nacional del Comahue, nº 1, año 1993 y Deslegitimación constitucional de la prisión durante el proceso, en revista Universitas Iuris,Universidad Nacional de Rosario, año 3, n° 14, julio de 1997” (Resolución de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, del 1 de noviembre de 2001, voto de Gustavo Vitale).

En segundo término, la justificación de la privación de libertad del inocente invocando la necesidad de neutralizar los peligros procesales carece de sustento lógico. Veamos. El principio de inocencia prohíbe aplicar una medida represiva a toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho punible pero no se haya demostrado en juicio tal imputación. Ello implica que para aplicar una sanción represiva por un hecho delictivo ya cometido debo demostrar la responsabilidad del autor en un juicio. En síntesis, sin juicio previo no puede haber pena.

No se puede justificar, entonces, que como no puedo aplicar una pena sin realizar un juicio, puedo anticiparla con el supuesto fundamento de que ocurrirá un hecho futuro que no es punible y que podría dificultar la realización del juicio. Además, no podemos dejar de lado que la ocurrencia de un hecho futuro es indemostrable. Así, como no se puede aplicar una pena sin un juicio, la aplico anticipadamente por si acaso no pudiera realizar tal juicio. Esto no es una justificación, es un absurdo.

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN Y ORALIDAD: TRIBUNAL QUE EVIDENCIA CONSTANTES DISTRACCIONES CON EL CELULAR DURANTE EL JUICIO

Resolución: 2015-0166

Expediente: 12-000337-1219-PE (2)

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL.Segundo Circuito Judicial de S  J . Goicoechea, a las trece horas diez minutos del dos de febrero de dos mil quince.

RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra  FDF, … ; CRG1; y NAG ; por el delito de «Posesión y almacenamiento de droga para el tráfico», en perjuicio de la Salud Pública. Intervienen en la decisión los jueces J Luis Arce Víquez, Ana Isabel Solís ZaM  y Joe Campos Bonilla.  Se apersonaron en esta sede el licenciado F Chacón Rojas (defensor público del imputado CRG); la licenciada Carmen María Amador Pereira (defensora particular del imputado NA G ); el licenciado Sergio Triunfo Otoya (defensor público del imputado  FDF); y los licenciados Luis Alonso Bonilla Guzmán y Paul F Sing, fiscales de Ministerio Público.

RESULTANDO:

            1°.–  Que el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de S  J , dictó la sentencia N° 463-2014 de las dieciocho horas con quince minutos del día veintisiete de agosto de dos mil catorce, declarando: «POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto y Art. 1, 20, 28, 33, 39, 41 y 153 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 1, 18, 30, 45, 50, 71, 73 párrafo 1º, 103 inciso 3) y 110 del Código Penal, artículos 1 a 15, 142, 143, 175, 180, 181, 182, 184, 265, 326, 360, 361, 363, 364, 365 y 367, del Código Procesal Penal, artículos 1º, 2°, 58, 77 inciso f), 83, 87 y siguientes de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades ConexasNº 7786, reformada por Ley Nº 8204 de 26 de diciembre de 2001; 40° edición de la Lista de Estupefacientes sometidos a Fiscalización Internacional, diciembre de 1998 de 30 de abril de 1998, según el Protocolo del 25 de marzo de 1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, aprobada por Costa Rica mediante Ley Nº 4544 de 18 de marzo de 1970; POR UNANIMIDAD DE LOSVOTOS EMITIDOS se declara a CRG ,  FDF y N  AG , COAUTORES RESPONSABLES DEL DELITO DE POSESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DROGA PARA EL TRÁFICO en PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA, en razón de lo cual se les impone a cada uno el tanto de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN; pena que deberán descontar previo abono de la preventiva cumplida en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios. De conformidad con los artículo 258 y 364 párrafo 2º del Código Procesal Penal, SE ORDENA LA PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA contra los sentenciados RG , D F  y AG  por el plazo de seis meses contados a partir del día cuatro de setiembre de 2014 y hasta el cuatro de marzo de dos mil quince. COMISO: Se ordena el comiso a favor del INSTITUTO NACIONAL DE DROGAS de: un vehículo NisS  Frontier, … . Se ordena la entrega definitiva de bienes decomisados y cancelación de anotaciones de: un vehículo marca Mitsubishi, estilo Montero, …, un vehículo marca Toyota, estilo Yaris, …y un vehículo marca Toyota, estilo Land Cruiser Prado, matrícula …a quien acredite su legítima titularidad. Los demás bienes decomisados sobre los que expresamente no recae el comiso, deberán ser devueltos a sus legítimos dueños. Una vez firme el fallo se devolverá a quien acredite su titularidad transcurridos tres meses de la firmeza del fallo no son reclamados los bienes cuya devolución se ha ordenado, se producirá la pérdida de los mismos a favor del Estado.  Levantamiento de anotaciones: Se ordena el levantamiento de anotación registral en relación con los bienes automotores, cuyo comiso no se ordenó.  Disposiciones generales: Firme el fallo se ordena su inscripción en el Registro Judicial y remitir las comunicaciones al Juzgado de Ejecución de la Penal y el Instituto Nacional de Criminología, así como a la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense Sobre Drogas. Se resuelve sin especial condenatoria en costas, son los gastos del proceso a cargo del Estado. Por lectura notifíquese. M  V S  – F  Q  S – A  M  Q  – Jueces de Juicio»(sic, folios 1241 a 1242).  Mediante resolución de las dieciséis horas del nueve de octubre de dos mil catorce, el Tribunal de Juicio aclaró lo siguiente: «De conformidad con lo dispuesto en el numeral 147 del Código Procesal Penal se aclara, el considerando noveno de la sentencia 463-2014, para que no se interprete que el Ministerio Público solicitó el comiso de esos dineros, sino que fue oficioso del Tribunal resolver esos aspectos. NOTIFÍQUESE. M  V S  – A  M  Q  – RV R – Jueces de Juicio» (sis, folio 1385).

Si deseas leer Todo el Articulo sigue el siguiente enlace: derechoaldia.com

Giros Repretel: Nuevas Tecnologias de Seguridad

Se nos ha invitado a participar hoy día como consultor en el programa Giros de Canal 6, en un tema relacionado con la legalidad del uso de videocámaras y grabaciones en investigaciones de índole privada, para determinar pruebas en casos de infidelidad y otros. Tema de interés que pueden dar seguimiento a partir de las 7:30 a.m.

En esta mañana en ‪#‎Giros‬ ‪#‎Repretel‬ estuvimos hablando sobre las nuevas tecnologías como lo son los Drones y Cámaras de Seguridad como sus aplicaciones pueden ser aplicadas y que limitantes existen dentro del ámbito legal.

 

Opinión: Un asunto de credibilidad

Las manifestaciones de la Señora Procuradora de la Republica, Ana Lorena Brenes, en el sentido de que el ex Vice Ministro de la Presidencia, Daniel Soley, le hizo ofrecimientos de puestos en el Servicio Exterior como Embajadora, con el único propósito de que dejare su puesto en la Procuraduría General de la República, se ha convertido -de acuerdo a las posiciones de ambas partes- en un asunto de credibilidad, en el cual la ciudadanía deberá deducir y escoger -segín su leal entender- quién dice la verdad.

Un asunto de gravedad, dado que se deja entrever la posibilidad de que el Gobierno, en aras de buscar un mejor acomodo a sus decisiones políticas que han sido objetadas por la Procuraduría, busque solucionar dichas diferencias dejando entrever de manera sutil y con matices de amenaza su descontento a quien ostenta dicho cargo.

Entendidos en la materia legal, han manifestado la necesidad conforme se dice en derecho, de que quien alega esta en la obligación de demostrar su dicho, dejando al arbitrio de cada uno de los involucrados la carga de la prueba. Lo único claro y que ha sido reconocido por ambas partes, es que de manera efectiva existió una reunión entre ambos, con carácter publico o privado, y de la cual tenía pleno conocimiento el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.

Me pregunto, y dejo entrever, si era una reunión de carácter privado, porque el Vice Ministro puso en conocimiento de su superior que se iba a llevar a cabo dicha reunión. Los asuntos privados, no requieren en la lógica ser informados.

¿Qué razones tiene la Procuradora, para informar al Presidente, que ha sido presionada por el Vice Ministro de la Presidencia, con ofrecimientos en cargos de Embajadora, para con ello dejar la Procuraduría General de la República? Pues de no ser ciertas dichas afirmaciones,  la única afectada sería su credibilidad.

De mi parte considero que el análisis sobre la credibilidad radica en un estudio de las figuras que se ven involucradas en los hechos, uno el Vice Ministro, político, y otra la Procuradora, una funcionaria de carrera, que dentro de lo que se ha visto, no se ha encasillado como una política.

Groucho Marx dijo: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.  ¿Será acaso, que lo sucedido acá, no lo previó el Vice Ministro Soley, quien amparándose de la amistad que pregonan existía entre ambos, es puesto en el intento de realizar los ofrecimientos para tantear la posición de su “amiga” sin esperar que ante su proba actitud, le molestara y consecuentemente tomara la decisión de informar a la Presidencia? Fue por lana y salió trasquilado.

El escritor Antonio Gala, dijo “Los políticos honrados se quitan de en medio cuando cae sobre ellos la sospecha”. ¿Será acaso que bajo esta premisa, el ex Vice Ministro Soley, tomo la decisión de retirarse de su cargo? El ha sido enfático en manifestar que la Procuradora miente y que él no realizó ofrecimiento alguno. ¿Sera su decisión de renuncia, una decisión política o una decisión de honradez? Queda a su conciencia la verdad de los hechos.

Louis McHenry Howe, dijo “Nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado”. Un político -es sabido- no puede admitir su error, porque su carrera se vería afectada. De aquí la duda sobre la realidad del hecho, al ser analizado como un hecho de carácter político.

Santiago Carrillo, Político Español, es claro en indicar que “en la política, el arrepentimiento no existe. Uno se equivoca o acierta, pero no cabe el arrepentimiento.”  De aquí que pensamos que ante la existencia del error, no existirá aceptación de ninguna parte, en el tanto el asunto sea político. Esto por cuanto es muy difícil que exista compatibilidad entre la política y la moral.

La posición en lo que respecta a la Señora Procuradora, deberá encaminarse en un análisis fuera de la política. ¿Existen razones para tratar, de parte de ella, de hacer quedar en mal a quien considera su amigo? ¿Hay una razón atendible, para fraguar una mentira que a todas luces también dañará su imagen? ¿Qué interés tendría al sacar a la luz un asunto que se vio en privado y que pudo haber quedado en dicho ámbito?

Las respuestas, como se dijo en su verdad, solo la conocen los involucrados, y dejan en cada quien tener que dilucidar de acuerdo al conocimiento que se tiene de cada una de las partes a quién se dará la razón.

Lo que es cierto es que un asunto que pudo haber sido resuelto por el Señor Presidente de la Republica, Luis Guillermo Solís, e incluso el mismo Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, no fue atendido de manera adecuada, dejando que en la Asamblea Legislativa y otras instancias del Gobierno se derrocharan recursos y tiempo necesario para la verdadera solución de los asuntos que requieren la adecuada atención.

Cada quien deberá hacer un análisis para dar credibilidad al dicho de cada una de las partes, de mi parte, solo puedo decir, que si el asunto es político, me es mas creíble, pensar que por decisión política se miente.

Lic. Rafael Rodríguez
Abogado

Puede Leer la Noticia en el siguienre enlace: CRHOY

Estos son los 5 errores más graves que cometen los padres de hoy al criar a sus hijos

Cuando afirmo que la crianza moderna está en apuros, en crisis incluso, espero que me escuchen, y que me escuchen bien. He trabajado con niños y padres en dos continentes y durante dos décadas, y lo que he visto en los últimos años me alarma”.

Así de categórica es Emma Jenner, especialista en desarrollo y comportamiento infantil, quien es conocida por su papel como anfitriona en el programa de TLC “Take Home Nanny” y se ha desempeñado ayudando a familias con problemas en este ámbito, tanto en Estados Unidos como Reino Unido.

Para Jenner, existen errores graves que cometen los padres de hoy y que la mayoría ni siquiera los nota. El problema, según ella, es que si no se corrigen a tiempo, los niños se convertirán en “adultos arrogantes, egoístas, impacientes y maleducados”.

“No será su culpa, sino la nuestra. No les hemos enseñado otra cosa, nunca hemos esperado nada más de ellos”, manifiesta.

A continuación te mostramos los 5 comportamientos erróneos de los padres actuales, de acuerdo a Jenner.

1. Le tienen miedo a sus hijos

“Suelo hacer una prueba por las mañanas en la que observo cómo un padre da el desayuno a su hijo. Si el niño dice: ‘¡Quiero la taza rosa, no la azul!’ aunque la madre ya haya echado la leche en la azul, trato de observar con cuidado la reacción de la mamá”, explica.

“La mayoría de las veces, se pone pálida y vierte el contenido en la taza que el niño prefiere antes de que le dé un berrinche”, comenta.

Pero para Jenner esto es un tremendo error. “¿De qué tienes miedo? ¿Quién manda de los dos? Deja que llore si quiere, y vete de ahí para no escuchar el llanto. Pero, por favor, no trabajes de más sólo para agradar al niño. Y, lo más importante, piensa en la lección que le estás enseñando si le das todo lo que quiere sólo por ponerse a llorar”, expresa.

2. Justifican el mal comportamiento de sus hijos bajo la premisa “así son los niños”

La especialista afirma que muchas veces ve que cuando los niños se portan mal en público (o incluso en privado), sus padres los justifican con el clásico “así son los niños”. “Te aseguro que no tiene por qué ser así”, manifiesta.

“Los niños son capaces de mucho más de lo que los padres normalmente esperan de ellos, en cuanto a sus modales, al respeto por los mayores, las tareas del día a día, la generosidad o el autocontrol. ¿Crees que un niño no puede quedarse sentado durante la cena en un restaurante? Nada de eso. ¿Crees que un niño no es capaz de quitar la mesa sin que se lo pidan? De nuevo, no es así. La única razón por la que no se portan bien es porque no les has mostrado cómo hacerlo y porque no esperas que lo hagan. Así de simple. Aumenta la exigencia y tu hijo sabrá cómo comportarse”, asegura.

3. No dejan que otras personas le llamen la atención a sus hijos

“Antes, los conductores de autobús, los profesores y otros padres solían tener carta blanca para corregir a un niño maleducado. Actuaban como ojos y oídos de la madre y el padre si los niños estaban fuera de su vista, y todo el mundo colaboraba por un interés común: criar de forma adecuada a niños y niñas”, explica.

Jenner dice que en cambio, “en la actualidad, si a alguien que no es padre del niño en cuestión se le ocurre regañarlo, a los padres no les hace ninguna gracia. Quieren que su hijo parezca el niño perfecto, y por eso no aceptan que los profesores u otras personas digan lo contrario. Se enfurecerán e irán a hablar con el profesor antes que con su hijo por haberse portado mal en clase. Sienten la necesidad de proyectar una imagen perfecta al mundo y, por desgracia, su inseguridad se ve reforzada porque muchos padres se juzgan entre sí”.

“Si un niño hace un berrinche, todas las cabezas se girarán hacia la madre con una mirada reprobadora. En su lugar, debería ser respaldada, porque hay muchas posibilidades de que el berrinche haya tenido lugar por no haber cedido ante alguna de las exigencias de su niño. Más bien, esos observadores deberían decirle: ‘Buen trabajo. Sé lo difícil que resulta poner límites'”, añade.

4. Abusan de los “atajos”

Los padres actuales, según Jenner, recurren a una serie de “atajos” para evitar que sus hijos se aburran y armen un berrinche.

“Cuando descubres lo bien que Caillou entretiene al niño en un avión, que no te tiente la idea de ponerle los dibujos en un restaurante. Los niños también tienen que aprender a ser pacientes. Tienen que aprender a distraerse ellos solos. Tienen que aprender que no toda la comida va a estar siempre caliente y lista en menos de tres minutos y, si es posible, también tienen que aprender a ayudar en la cocina”, argumenta.

Asimismo, ella señala que “los bebés tienen que aprender a tranquilizarse solos; no hay que sentarlos en una silla vibradora cada vez que se pongan quisquillosos. Los niños tienen que aprender a levantarse cuando se caen, en vez de subir los brazos para que mamá y papá los recojan. Enseña a los niños que los atajos pueden servir de ayuda, pero que resulta muy satisfactorio hacer las cosas por la vía lenta”.

5. Siempre ponen las necesidades de los hijos por encima de las suyas

“Naturalmente, los padres tienden a cuidar de sus hijos en primer lugar, y esto es bueno para la evolución. Yo defiendo la idea de crear un horario que se ajuste a las necesidades del niño, y que la alimentación y la ropa del niño sean prioritarias”, afirma.

“Sin embargo, los padres de hoy en día han ido demasiado lejos, sometiendo sus propias necesidades y salud mental a las de sus hijos. Cada vez con más frecuencia veo a mamás que se levantan de la cama a cada rato para satisfacer los caprichos del niño. O a papás que lo dejan todo y se recorren el zoológico de punta a punta y a toda prisa para comprarle a la niña una bebida porque tiene sed”, manifiesta.

“No pasa nada por no levantarte en mitad de la noche para darle otro vaso de agua a tu hijo. No pasa nada si el papá dice: ‘Claro que vas a beber agua, pero vamos a tener que esperar hasta llegar a la próxima fuente’. No pasa nada por utilizar la palabra ‘no’ de vez en cuando, ni hay nada malo en pedirle a tu hijo que se entretenga solo unos minutos porque mamá quiere usar el baño en privado u hojear una revista”, afirma.

Jenner dice que es mejor corregir estos errores, ya que por evitar que los niños se sientan incómodos, luego cuando sea inevitable que sientan alguna molestia, no estarán preparados para ello.

“Pido por favor a todos los padres y cuidadores del mundo que exijan más a los niños. Que esperen más de ellos. Que les hagan partícipes de sus luchas. Que les den menos. Que les pongan retos y que, juntos, les preparemos para que tengan éxito en el mundo real, y no en el mundo protegido que hemos creado para ellos”, concluye la experta.

Si desea leer el articulo puede seguir el siguiente enlace: Diario Correo

 

De la sobrepoblacion penitenciaria

La dirección del OIJ interpone un recurso de hábeas corpus, a favor de los privados de libertad, que se encuentran recluidos en las celdas judiciales que a la fecha no han recibido ingreso por parte de Adaptación Social, en razón de órdenes de jueces de ejecución de la pena y la Sala Constitucional, que han determinado el cierre de los Centros de Atención Integral de Adaptación Social, por encontrarse estos con una sobrepoblación que no permite más ingresos y que atenta contra todas las mínimas garantías carcelarias que regulan los tratados en derechos humanos.

Mas de este Articulo en: La Nacion

El Indulto a la Vergüenza como intromision a la independencia Judicial

Quienes me conocen saben que he sido un Abogado que he luchado en diferentes instancias por los Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad y que he pregonado por la adecuada aplicación de los Derechos Humanos hacia ellos.

Con la noticia de los Indultos otorgados por el Consejo de Gobierno en el presente mes y en especial con la decisión de indultar al Finquero Veterinario Bernal Arias Sibaja, se ha causado una polémica en la cual sale a la luz nuevamente la intromisión política en las decisiones del Gobierno que tienen  que ver con los derechos de los y las ciudadanas y salen a justificar de manera inadecuada sin conocer el transfondo del caso  la actuación por la cual un Tribunal Penal impone una Sentencia condenatoria por el delito de tentativa de homicidio, sentencia que es ratificada por los Tribunales Superiores en razón de considerarse que esta dictada a derecho.

Políticos, Ministros y Diputados, justifican el actuar del Indultado, sin realizar palabra o mención alguna de la victima el menor Berny Araya Loria.  Se indico que el actuar del imputado tenia intenciones homicidas y se justifica que su actuación es en defensa de sus intereses familiares y patrimoniales.

Soy Penalista y como tal desde hace algún tiempo he desarrollado un proceso de Administracion de la Ejecución de Sentencias Penales, en la cual pretendo con Privados de Libertad y sus familiares, establecer un adecuado programa de atención, para que el proceso de privación de libertad sea el mas adecuado y se pretende con ello que el Privado de Libertad, conozca y cumpla a cabalidad con los planes de atención institucional que le permitan acceder de una manera mas optima a los beneficios carcelarios que el sistema les brinda o bien nuestra normativa penal, incluyendo dentro de ellos la exigua posibilidad de un indulto.

Con las características y los antecedentes que han justificado el actuar del Consejo de Gobierno,  el malestar existente entre la población y la victima en particular es comprensible. La victima en este caso Berny Araya Loria, ha dicho:

 “ La resolución me irrespeta, me ofende e ignora todo el sufrimiento que he padecido en estos años. Me desilusiona saber que quien me disparó quede sin castigo. Laura Chinchilla me decepcionó, no esperaba esa decisión y esto abre las puertas para que en este país alguien mate y lo pongan en libertad por conexiones políticas.” ( La Nación, 14/12/12/)

El articulo 90 del Código Penal,  establece y regula el Indulto en nuestra Legislación, e indica que: “ Consultara también a la Corte Suprema de Justicia, únicamente cuando la solicitud del indulto se fundamenta en una critica a la sentencia judicial.”    Acaso las justificaciones que han dado los Políticos, no son una crítica a la sentencia, pues mientras ellos en sus excusas alegan una actuación en defensa de los derechos del Indultado, la Sentencia indica que las intenciones homicidas se demostraron.

Este caso en particular, es una intromisión de la clase política en las decisiones Estatales y un golpe a la independencia judicial, pues se cuestiona de manera abierta el resultado de una sentencia judicial, que determino la responsabilidad de un ciudadano y con un proceso expedito,  se pone  fin a una sentencia judicial,  sin dar cumplimiento a los requisitos institucionales y gubernamentales que han privado para el otorgamiento de este beneficio. Se deja por fuera una lista de Privados y Privadas de Libertad, que por mucho pueden ser acreedores de dicho beneficio y que no tienen los alcances de la mano política para que abogue por ellos.

Lo mínimo que esperaría  la Victima en este caso, es que la Presidencia, el Ministro de Información,  el Diputado Manrique Oviedo y todos los que votaron a favor para indultar en el Consejo de Gobierno, se preocupen por saber si a este puede el Estado repararle el daño ocasionado con el actuar de su victimario hoy día perdonado por ellos.  Esperamos  que el Victimario busque el perdón de la victima, no solo en palabras sino que otorgue un resarcimiento a ese daño que hoy día queda impune.

Para el suscrito, el Indulto da vergüenza y mas vergüenza aun dan las justificaciones que se brindan a la prensa en desamparo de la realidad de los hechos tal cual fueron juzgados. Que esta decisión permita a las autoridades de Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología hacer una valoración de los hechos tal cual lo hace el Consejo de Gobierno, para ver si de esta manera, se procuran mas posibilidades de reinserción a la sociedad de privados de libertad que hoy día se encuentran preparados para ser objeto de un beneficio que les permita el cumplimiento efectivo de sus penas  en Centros Semi-Institucionales.

Cuando el Gobierno quiere, el Gobierno puede.

LIC. RAFAEL RODRIGUEZ SALAZAR

ABOGADO PENALISTA

COLEGIADO 9140

CEDULA 3-271-045

rafael@lafirmadeabogadoscr.com

Si deseas seguir el articulo puedes seguir el siguiente link o enlace: La Nacion

Mas vale prevenir que reprimir

La sección de opinión dominical de La Nación, trata dos temas relacionados con el aumento de la criminalidad en nuestro país y su abordaje, uno de ellos expuesto por el Magistrado Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, titulado, “ El malestar con la Justicia” y el otro escrito por la Jueza Rosaura Chinchilla, denominado ¿Sensatez Punitiva?.

Ambos temas aunque con un matiz diferente, nos indican que existe por parte de la ciudadanía un sinsabor sobre la actuación judicial y un clamor por la justicia represiva, mediante la cual se impongan mayores sanciones a los responsables de los hechos delictivos, sin analizar a priori si dicho aumento en las sanciones es la solución que se requiere para solventar el aumento de la criminalidad nacional.

La Jueza, Chinchilla, termina su artículo indicando que hay sanciones desproporcionadas en relación a los hechos sentenciados y que con ello, lo que se ha producido es un atiborramiento de las cárceles, reflexionando tal cual lo han hecho foros internacionales, en la necesidad de un análisis sobre la desproporcionalidad que se da en el quantum de las penas al momento de legislar, pues como ella y la ley lo indica, lo mismo será vender una piedra de crack, que un kilo o más de  cocaína. 

El Magistrado Mora, en su preocupación por el sentir de la ciudadanía en lo que respecta al grado de opinión de los ciudadanos por el Poder Judicial, hace un análisis e indica que en Costa Rica, tenemos una mejor opinión que en el resto de los países, y nos pone en perspectiva de lo que pasa y dice 

“¿Por qué unos indicadores andan bien y otros no tanto? El tema es complejo de tratar en pocas líneas, pero podría empezar por señalar que, en general, el descontento que existe contra la justicia –y que alcanza niveles globales–, se inserta en el fenómeno de descontento general contra la democracia como sistema capaz de garantizar niveles de bienestar básicos a la gran mayoría de personas en una sociedad. La ciudadanía tiene un malestar evidente contra la clase política, y esa cobija alcanza a los poderes judiciales que tienen cada vez más presencia y poder.”

Ambos temas no dejan de lado la excesiva criminalización, pero son parcos en indicar, que la represión excesiva, traducida en el aumento desmedido de las penas en aras de hacer creer a la ciudadanía que manteniendo a los delincuentes en la cárcel por periodos más largos son la solución, no ha tenido los resultados esperados, por quienes han ofrecido mano dura a cambio de incluso sus votos electorales. 

Contrario a ello, se ha demostrado que la prevención y atención adecuada de las conductas delictivas, desde sus origines y causas han generado mejores resultados que la represión misma.

Cuando a Privados de Libertad, se les ha permitido acceder a programas de atención, con trabajo, educación y mejores oportunidades de resocialización, estos se han reinsertado a la sociedad de manera adecuada y han dado un cambio a sus vidas que no solo favorecen a sus familias, sino al entorno en el cual se desenvuelven como ejemplo de que si se quiere se puede.

Somos claros en indicar, que no es que seamos defensores a diestra de que no tiene que haber sanción, lo que indico es que si hay sanción, la obligación del Estado es establecer políticas de rehabilitación adecuadas en sus centros carcelarios para  que las cárceles no sigan siendo escuelas de delincuencia tal cual hoy día son en su mayoría. 

El Magistrado Mora, deja entrever al finalizar su artículo, que si los Tribunales de Justicia, se equivocan, por el margen de error que existe y que es propio de todo ser humano, es el ámbito mediático el responsable de hacer ver solo el error y no la infinidad de sentencias en las cuales el clamor de justicia es favorable a los intereses de la ciudadanía, pidiendo con ello un balance integral de la ciudadanía entre las actuaciones válidas y las erradas.

Para muchos ciudadanos el encarcelamiento de infractores en las prisiones es la pena ideal, pensando que cuando un infractor es encarcelado, recibe su merecido por el delito cometido ante la sociedad, pero que hay de las victimas perjudicadas directamente por los hechos delictivos que han concluido el juzgamiento del infractor, esto le repara el daño material, la  pérdida de tiempo, las lesiones corporales, mentales, muerte de un familiar, entre otras, mas peor aún entonces que pasaría con las victimas que tendrían este mismo problema pero con la diferencia de que su agresor no ha sido capturado o si ha sido capturado ha quedado en libertad ya sea por irregularidades en el proceso o la penalidad del delito cometido.

La cuestión  es de interés para todos, no solo para quienes se han visto afectados directamente por el crimen, pues nuestra calma mental, por no decir nuestra seguridad, depende en gran medida de que los individuos que cometen hechos ilícitos sean detenidos por los organismos de seguridad del Estado y cumplan con el proceso correspondiente según el delito, y una vez cumplidas su condena, salgan a la calle reformados, y no simplemente endurecidos por la vida llevada en la prisión. Pero para esto es necesario la existencia y la ejecución de un sistema penitenciario que facilite programas de atención a la  víctima constantemente tanto como en lo legal como lo médico- psicológico y en cuanto los infractores le garantice un juzgamiento imparcial ajustado al derecho y garantías constitucionales, y que sus vivencias en la prisión no promuevan a un profesional en el delito, porque muchos de estos delincuentes comienzan con delitos menores, luego pasan a delitos contra la propiedad  y por último se licencian en delitos contra las personas.

Por ello considero que la prevención es una materia que en cuestión de gasto es menos costosa y sus resultados  son más baratos que la misma represión.

Abogado penalista, cedula 3-271-045

rafael@lafirmadeabogadoscr.com


Si deseas seguir el articulo puedes seguir el siguiente link o enlace: El Pais CR