La sección de opinión dominical de La Nación, trata dos temas relacionados con el aumento de la criminalidad en nuestro país y su abordaje, uno de ellos expuesto por el Magistrado Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, titulado, “ El malestar con la Justicia” y el otro escrito por la Jueza Rosaura Chinchilla, denominado ¿Sensatez Punitiva?.

Ambos temas aunque con un matiz diferente, nos indican que existe por parte de la ciudadanía un sinsabor sobre la actuación judicial y un clamor por la justicia represiva, mediante la cual se impongan mayores sanciones a los responsables de los hechos delictivos, sin analizar a priori si dicho aumento en las sanciones es la solución que se requiere para solventar el aumento de la criminalidad nacional.

La Jueza, Chinchilla, termina su artículo indicando que hay sanciones desproporcionadas en relación a los hechos sentenciados y que con ello, lo que se ha producido es un atiborramiento de las cárceles, reflexionando tal cual lo han hecho foros internacionales, en la necesidad de un análisis sobre la desproporcionalidad que se da en el quantum de las penas al momento de legislar, pues como ella y la ley lo indica, lo mismo será vender una piedra de crack, que un kilo o más de  cocaína. 

El Magistrado Mora, en su preocupación por el sentir de la ciudadanía en lo que respecta al grado de opinión de los ciudadanos por el Poder Judicial, hace un análisis e indica que en Costa Rica, tenemos una mejor opinión que en el resto de los países, y nos pone en perspectiva de lo que pasa y dice 

“¿Por qué unos indicadores andan bien y otros no tanto? El tema es complejo de tratar en pocas líneas, pero podría empezar por señalar que, en general, el descontento que existe contra la justicia –y que alcanza niveles globales–, se inserta en el fenómeno de descontento general contra la democracia como sistema capaz de garantizar niveles de bienestar básicos a la gran mayoría de personas en una sociedad. La ciudadanía tiene un malestar evidente contra la clase política, y esa cobija alcanza a los poderes judiciales que tienen cada vez más presencia y poder.”

Ambos temas no dejan de lado la excesiva criminalización, pero son parcos en indicar, que la represión excesiva, traducida en el aumento desmedido de las penas en aras de hacer creer a la ciudadanía que manteniendo a los delincuentes en la cárcel por periodos más largos son la solución, no ha tenido los resultados esperados, por quienes han ofrecido mano dura a cambio de incluso sus votos electorales. 

Contrario a ello, se ha demostrado que la prevención y atención adecuada de las conductas delictivas, desde sus origines y causas han generado mejores resultados que la represión misma.

Cuando a Privados de Libertad, se les ha permitido acceder a programas de atención, con trabajo, educación y mejores oportunidades de resocialización, estos se han reinsertado a la sociedad de manera adecuada y han dado un cambio a sus vidas que no solo favorecen a sus familias, sino al entorno en el cual se desenvuelven como ejemplo de que si se quiere se puede.

Somos claros en indicar, que no es que seamos defensores a diestra de que no tiene que haber sanción, lo que indico es que si hay sanción, la obligación del Estado es establecer políticas de rehabilitación adecuadas en sus centros carcelarios para  que las cárceles no sigan siendo escuelas de delincuencia tal cual hoy día son en su mayoría. 

El Magistrado Mora, deja entrever al finalizar su artículo, que si los Tribunales de Justicia, se equivocan, por el margen de error que existe y que es propio de todo ser humano, es el ámbito mediático el responsable de hacer ver solo el error y no la infinidad de sentencias en las cuales el clamor de justicia es favorable a los intereses de la ciudadanía, pidiendo con ello un balance integral de la ciudadanía entre las actuaciones válidas y las erradas.

Para muchos ciudadanos el encarcelamiento de infractores en las prisiones es la pena ideal, pensando que cuando un infractor es encarcelado, recibe su merecido por el delito cometido ante la sociedad, pero que hay de las victimas perjudicadas directamente por los hechos delictivos que han concluido el juzgamiento del infractor, esto le repara el daño material, la  pérdida de tiempo, las lesiones corporales, mentales, muerte de un familiar, entre otras, mas peor aún entonces que pasaría con las victimas que tendrían este mismo problema pero con la diferencia de que su agresor no ha sido capturado o si ha sido capturado ha quedado en libertad ya sea por irregularidades en el proceso o la penalidad del delito cometido.

La cuestión  es de interés para todos, no solo para quienes se han visto afectados directamente por el crimen, pues nuestra calma mental, por no decir nuestra seguridad, depende en gran medida de que los individuos que cometen hechos ilícitos sean detenidos por los organismos de seguridad del Estado y cumplan con el proceso correspondiente según el delito, y una vez cumplidas su condena, salgan a la calle reformados, y no simplemente endurecidos por la vida llevada en la prisión. Pero para esto es necesario la existencia y la ejecución de un sistema penitenciario que facilite programas de atención a la  víctima constantemente tanto como en lo legal como lo médico- psicológico y en cuanto los infractores le garantice un juzgamiento imparcial ajustado al derecho y garantías constitucionales, y que sus vivencias en la prisión no promuevan a un profesional en el delito, porque muchos de estos delincuentes comienzan con delitos menores, luego pasan a delitos contra la propiedad  y por último se licencian en delitos contra las personas.

Por ello considero que la prevención es una materia que en cuestión de gasto es menos costosa y sus resultados  son más baratos que la misma represión.

Abogado penalista, cedula 3-271-045

rafael@lafirmadeabogadoscr.com

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