Además de severas consecuencias sanitarias, la pandemia del coronavirus está agravando otros problemas sociales como la brecha de género. Y es que las circunstancias en las que hemos tenido que vivir a lo largo del último año han contribuido a que las mujeres asuman más carga de trabajo y cuidados. Algo que se traduce, irremediablemente, en renunciar o ver muy mermadas sus aspiraciones laborales.

Así se extrae de una investigación sobre género y desempleo en el Reino Unido que está llevando a cabo Aliya Hamid Rao, socióloga de la London School of Economics. En una conversación con la periodista Anne Helen Petersen para la newsletter Culture Study, Rao recuerda cómo durante la pandemia se ha puesto en evidencia que el trabajo del hombre sigue siendo al que se otorga mayor prioridad. Una realidad que puede explicar la tendencia a dividir los espacios de la casa, cuando los dos miembros de la pareja teletrabajan, del siguiente modo: los lugares silenciosos, como despachos o habitaciones independientes, se reservan para los hombres y las zonas comunes como la cocina, el comedor o el salón para las mujeres.

Cuando el trabajo del hombre se considera más importante

En parejas heterosexuales, cuando las mujeres se quedan sin trabajo encontrar otro rápido no es visto como una necesidad apremiante. Algo que sí ocurre en el caso de los hombres. De esta forma, explica Rao “el tiempo de los hombres se protege para que puedan dedicarlo a la búsqueda de empleo, quedando exentos, en concreto, de realizar las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Tareas que, por lo general, siguen recayendo de manera desproporcionada sobre sus mujeres”. Rao observó, además, que esto es así “incluso cuando las mujeres aportan la mitad o incluso más de los ingresos familiares”.

En un contexto como el actual, en el que el hogar se convierte en el epicentro de la jornada laboral, ¿cómo afecta que se le otorgue más peso al puesto del hombre? Rao señala que «el hogar no es un espacio neutral: está empapado de expectativas de género y de las obligaciones que los miembros de la familia tienen entre sí«. Y en ese sentido se pregunta: “Si se priorizan los puestos de trabajo de los hombres, ¿significa esto que obtendrán espacios dedicados a centrarse en el trabajo remunerado, potencialmente alejados del ruido de los niños, y las mujeres no?”

Durante esta investigación, llevada a cabo entre los meses de abril y mayo de 2020, el equipo del IFS entrevistó a 3.500 familias. Entrevistas que pusieron también en evidencia la desigualdad a la hora de abordar las tareas domésticas y el cuidado de los menores en este contexto. Una situación que hace que, a largo plazo, “las mujeres corran el riesgo de ver su desarrollo profesional dañado”. Entre otras cosas, el informe recoge que las mujeres con hijos a su cargo trabajan solo un tercio de su horario laboral sin ser interrumpidas y que emplean 1,7 horas más que los padres en las tareas domésticas.

Las madres de menores que teletrabajan: las que más estrés sufren

Estas continuas interrupciones, la carga mental, la multitarea constante hacen que sean las madres las que hayan sufrido mayores niveles de estrés durante la pandemia.

“Algunas sienten que están todo el día trabajando”, explican los responsables del estudio. “A menudo, tener flexibilidad de horarios se convierte en una demostración continua y un ejercicio de responsabilidad para con sus superiores. Muchas de ellas están trabajando a la vez que están cuidando, y eso es durante todo el día”.

Además de sufrir mayores niveles de estrés, las mujeres con personas a su cargo o que realizan trabajos esenciales también han sido las más expuestas a la enfermedad durante los primeros meses de la pandemia.

FUENTE: SMODA.ELPAIS.COM

En distintos sectores de la población está extendida la idea de que los ricos rara vez son encarcelados. Casos de corrupción o desfalcos suelen ser saldados con multas.

“¡Cinco años de cárcel por robarse una gallina!”, dice un titular de la revista colombiana Semana de septiembre de 2014. “Caso Penta: paga multa y logra acuerdo”, dice el sitio web T13.cl de agosto de 2019. El primer relato se refiere a dos hermanos que comieron gallina y se fueron del restaurante sin pagar la cuenta. El segundo, a uno de los protagonistas de uno de los fraudes al fisco más sonados de los últimos años en Chile. Los dos primeros eran personas humildes. El otro, un empresario conocido, con influencias y contactos.

El desigual acceso a la justicia y la sensación de que hay sentencias suaves para los ricos y duras para los pobres, además de una aparente mano blanda contra funcionarios corruptos, fueron elementos que gravitaron en los recientes estallidos sociales latinoamericanos. Noticias similares a las que citamos al comienzo se encuentran por doquier, y no hay que hurgar mucho para encontrar casos emblemáticos, como el de Bastián Arriagada, joven de 22 años que estaba preso en Chile por vender discos pirateados cuando se produjo un incendio de la cárcel de San Miguel. Murió calcinado junto a otros 80 reos en 2010.

“Obviamente este fenómeno se repite muchísimo en la región, y si bien la idea de que los ricos pagan multas y los pobres van a la cárcel puede ser polémica, tiene razones y causas objetivas. Hay varios factores que lo explican”, dice a DW Marie-Christine Fuchs, jefa del Programa de Estado de Derecho para América Latina de la fundación alemana Konrad Adenauer (KAS). “Uno de esos factores son los estereotipos, es decir, pensar que un pobre migrante es automáticamente un delincuente, como ocurre en Chile con los mapuches. Ese tipo de prejuicios se percibe también en el trabajo de la Policía y la Fiscalía”, explica.

“Otro factor son las condiciones gravísimas de las cárceles. A ellas efectivamente llegan los más pobres, y hay muchos estudios sobre esto. Los delitos más catalogados son robos, hurtos u otros relacionados con drogas. Las personas salen de las cárceles en peores condiciones, porque faltan programas de reinserción. Y bueno, obviamente hay una amplia tasa de impunidad en todo lo que se llama delitos de cuello y corbata, como en Chile es el caso Penta”.

Hay avances, pero…

“Uno de ellos tiene que ver con una sensación de impotencia frente a la falta de igualdad ante la ley, especialmente con la aplicación de esta para los más pobres, mientras la élite se cree y se siente en un lugar de privilegio que le permite evadir la ley y protegerse”. Y agrega que “no es solo un problema sistémico de la justicia chilena, sino algo más profundo, es una sensación de una élite que se autoprotege en sus privilegios y riquezas”.

Pero hay otros condicionantes, pondera Fuchs. “Por ejemplo, políticos involucrados en actos de corrupción acceden a los mejores abogados, que siempre van a encontrar recursos legales para que el proceso nunca acabe”, explica. Si bien la experta alemana reconoce que ha habido avances, y que las defensorías públicas o del pueblo suelen contar con buenos especialistas, “se trata de instituciones que no siempre funcionan con muchos recursos y que obviamente no van a tener tiempo para defender todos los casos”.

Nuevas brechas en el horizonte

“El gran problema general de la ley en Latinoamérica es que hay una brecha gigante entre la norma y la realidad. Hay constituciones gigantes con derechos sociales y políticos, pero no siempre se cumplen”, dice Fuchs. También estima necesario que los pequeños delitos no se paguen con cárcel, sino con penas alternativas. Y pone sobre la mesa algo que ocurre en El Salvador que ella considera “terrible”: “Hay muchas mujeres en la cárcel porque se las acusa de haber intentado un aborto. Si una mujer pobre pierde a su hijo y no puede probar que no fue un aborto y no tiene dinero para un abogado que la defienda, puede ser que la metan en la cárcel. Es otro ejemplo gravísimo donde hay una política criminal ajena a la realidad de Latinoamérica, que debería cambiarse urgentemente”.

especialmente porque en muchos casos “la respuesta a los delitos sigue siendo muy antigua”

Pensemos en delitos como los informáticos, acceso a información privilegiada, colusiones, legislación antimonopolio o anticorrupción”, todos ellos elementos modernos que “no han sido fáciles de perseguir por su complejidad”.

Fuchs, en tanto, ve otra fuente de desigualdad en la pandemia del coronavirus. “Así como muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, la Justicia también está operando a través de internet. Por eso, el acceso a ella dependerá cada vez más de tener un buen acceso a la red. Y si no ponemos atención a eso, teniendo en cuenta que hay 77 millones de personas en América Latina y el Caribe sin conexión a Internet, se gestará una nueva brecha y la desigualdad crecerá aún más”.

FUENTE: DW.com

Si bien todo problema social no tiene una causa única, existen causas que tienen mayor repercusión que otras. Esto ocurre con el problema de la criminalidad.

Las investigaciones sugieren que la desigualdad social es una de las causas más importantes del aumento de la criminalidad en un determinado país. Sin embargo, en nuestro país, como en otros, en materia de lucha contra la criminalidad, se hace cualquier cosa, menos lo que sugieren las investigaciones sociales. No se escatima en represión y se deja al olvido la prevención.

En efecto, desde hace años los investigadores sociales nos vienen diciendo que lo que parece ser cierto tanto para los países ricos como para los pobres es que cuanto mayor es la distancia entre la minoría acomodada y la masa empobrecida, más se agravan los problemas sociales. Esto es, que no importa lo rico o pobre que sea un país, sino lo desigual que sea. Las consecuencias de la desigualdad social son conocidas: “altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida”.

La experiencia histórica muestra, por un lado, que los países logran reducir los problemas delictivos en la medida en que maximizan la inversión en educación de calidad, salud, mejora de la alimentación, recreación, en lugar de volverse en el privilegio solo de los más ricos. Y que “la justicia criminal y los sistemas penales están funcionando sobre la base de un gran error, que consiste básicamente en creer que el castigo sirve para prevenir la delincuencia, cuando es el estímulo más poderoso que se conoce hasta el momento”.

De ahí la importancia hoy día del criticado modelo de reinserción social pretendido por el Ministerio de Justicia y sus jerarcas. Un modelo que  busca mediante oportunidades reales, la reinserción en sociedad de quienes han infringido la norma penal y son objeto de sanción.

Por otro lado, la realidad nos muestra que en nuestro país, como en otros, se hace exactamente todo lo contrario de lo que se necesita hacer en materia de lucha contra la criminalidad. Si la mejor manera de prevenir los delitos es una política social dirigida a garantizar los derechos vitales de todos, contrariamente, como podrá advertir cualquier conciudadano, lo que hacen los legisladores y ahora propugnan hasta las altas autoridades judiciales, es como para mandarles a volar, por no decir otra cosa: aumento de la represión policial, endurecimiento de las penas, creación de nuevos tipos penales, construcción de más cárceles, etc.

Con todo esto, lo que se garantiza es el derecho (vital para los sádicos) a una celda en cualquier penal del país, por ser pobre. Porque, como dice Zaffaroni con algo de ironía: mientras más cerca se está del poder económico, más lejos se está del poder punitivo. Por ello, no es casual que se tenga la percepción de que en nuestras cárceles no estén generalmente los delincuentes más peligrosos, sino los más pobres. Y hoy día incluso hasta hay estudios que indican que obtiene mejores resultados en sus casos penales, quienes recurren a una Defensa Privada, que quienes son asistidos por la Defensa Pública.

Finalmente, las investigaciones sugieren que la desigualdad social es la principal causa de la criminalidad. Que a mayor desigualdad, mayor índice de criminalidad y viceversa. Y que, por esta razón, antes de recurrir al desmadre punitivo, nuestros legisladores, jueces y fiscales deben tomar en cuenta que este es, en el mejor de los casos, inútil, y en el peor, un aliciente de la conducta criminal.

Diversos barómetros de opinión y encuestas señalan que los ciudadanos tienen una percepción negativa de la Justicia y consideran que en buena medida lo mejor es el endurecimiento de las sanciones penales. Esto no es ajeno al debate político ni a los medios de comunicación, y la falta de consenso y la rivalidad tanto entre los ciudadanos como con los gobernantes, se traslada a las instituciones judiciales.

Todos los instrumentos que colaboren en una separación más clara de la justicia respecto a la política criminal puede favorecer el respeto a las instituciones y posiblemente redunde en una valoración más positiva de los ciudadanos respecto de esta.

De manera que la acción sensata (cosa difícil de pedir a nuestros legisladores) contra la criminalidad sería empezar por cerrar la brecha entre la minoría enriquecida y la mayoría empobrecida; o dicho de manera seria, entre la minoría que disfruta de la mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejor transporte, e incluso mejor justicia, gracias a la desgracia de la mayoría.

Lic. Rafael A. Rodríguez Salazar, abogado penalista y criminólogo. 

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