Los profesores de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) hicieron público su apoyo a Roy Murillo, juez de ejecución de la pena de San José, quien decretó el cierre técnico del Centro de Atención Institucional de San José o Cárcel de San Sebastián.

Según expertos en Derecho de la UCR, la resolución del juez Murillo se elaboró con el fin de evitar nuevos ingresos de privados de libertar a la prisión. Se basó en la constatación directa de una situación de hacinamiento crítico del 92,53%, el 97,5% y el 101,72% en distintos dormitorios de ese centro penal, según cálculos de la propia administración penitenciaria.

Además la orden de trasladar a las personas sentenciadas a otra cárcel se basó en una exigencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en cuanto las personas indiciadas y las condenadas deben ser custodiadas en lugares diversos, lo que no se cumplía en el centro señalado.

Para ellos la resolución aludida es absolutamente legítima y producto de las potestades y deberes impuestos para el juez de ejecución por el Código Procesal Penal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La junta directiva de Acojud asegura que la resolución del juez no ordena la liberación de 370 privados de libertad sino su reubicación en centros de atención institucional donde corresponda, considerando que la finalidad de San Sebastián no es la reclusión de personas condenadas sino de las que se encuentran en prisión preventiva y solo en caso de imposibilidad de cumplimiento se dispone una desinstitucionalización bajo parámetros que deberán ser constatados por la autoridad penitenciaria, no en libertad sino bajo programas semiinstitucionales. 

Sobre las declaraciones del magistrado Carlos Chinchilla a DIARIO EXTRA sobre ese tema, Acojud considera que estaría vulnerando el principio de independencia judicial.

Chinchilla expresó en el primer reportaje de DIARIO EXTRA que la Corte Plena debe anular tal resolución porque es una clara intromisión en las funciones del Poder Ejecutivo y causa una sensación de inseguridad ciudadana. Así lo propondrá el lunes en la sesión de ese alto tribunal.

Fuente: Diario Extra