INDEPENDENCIA JUDICIAL: DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y Profesor Catedrático UCR
Con frecuencia oímos discursos, reflexiones, conferencias; o bien se organizan debates, seminarios y congresos; o se escriben artículos, tratados, listas de mandamientos, tesis de graduación y un sinnúmero de manifestaciones académicas en torno al tema de la independencia judicial. Todas esas palabras están bien. Pero no son suficientes. Hacen falta las actuaciones y los hechos.
​Lo cierto, digo yo después de una vida profesional dedicada a la función pública y a la carrera judicial, es que el juez independiente es aquél que, por vocación, por valores y por integridad personal decide serlo. Hay muchas tentaciones y amenazas ahí afuera. No hay protecciones legales, constitucionales ni materiales que puedan detener la debilidad o el oportunismo de quien, desde la privilegiada posición de la judicatura, decide traicionar la misión esencial o el rol social decisivo que le corresponde jugar.
​Las principales amenazas a la independencia judicial vienen de los otros poderes, los formales y los de facto. El poder de los políticos, los personajes influyentes social, económica o religiosamente; el poder de los superiores dentro de la estructura misma del Poder Judicial; y ni qué decir la poderosa influencia de los medios de comunicación que presionan en uno u otro sentido. Y de otra parte, están también los poderes informales o de facto, el de los delincuentes comunes, y los peores, los de la delincuencia de cuello blanco o las mafias del crimen organizado. Venderse es la tentación más frecuente y fácil en la cual caer. Y no se trata sólo de la manera más pedestre o vulgar recibiendo dinero a cambio de favores. Están las formas sutiles como archivar una denuncia, dejar que prescriba la causa, absolver al culpable, condenar al inocente. Hay gente tan vendida que el agente poderoso no necesita ni siquiera llamarla, insinuarle o hacerle el depósito bancario. Su servilismo olfatea, adivina, intuye lo que se espera de él (o ella).
​Una tentación peligrosísima es trazarse una carrera judicial ascendente dispuesto a pagar cualquier precio; llegar a la cima con una encomienda que cambie la jurisprudencia para servir a los señores que prestaron ayuda; meterse en el mundillo de las cámaras y reflectores para ganar protagonismo público (pasando información a ciertos periodistas para contar con “buena imagen” y favores), o ser capaces de la infamia y la calumnia en los procesos de nombramientos (“si no soy lo suficientemente virtuoso inventaré vicios inconfesables en mis contendientes”; “si tengo que olvidarme de los amigos de ayer, pues cultivaré nuevas amistades”).
​Pero ante todo, esto de ser juez o jueza, tiene que ser una auténtica vocación. He visto jóvenes profesionales, competentes y valiosos, que tiran la toalla a medio camino. El trabajo judicial siempre es complejo y excesivo; exige muchas renuncias, sacrificios y ciertamente a veces es riesgoso, si es que se quiere hacer como es debido. La vocación auténtica, en el caso de los profesionales del derecho en general y particularmente respecto de los funcionarios judiciales, radica en el valor Justicia. Ese valor se refiere no sólo a la justicia del caso concreto, sino al valor de Justicia Social. No puede haber un buen juez que no recienta la desigualdad, la inequidad o la discriminación de seres humanos en su acceso a los derechos fundamentales. Serían como sacerdotes sin fe en Dios o como médicos a los que no les importe la salud de sus congéneres. Por cierto, que los hay, los hay.
​La última frontera de esa vocación auténtica está cuando el buen juez, llevado por sus principios y su integridad moral, enfrenta la amenaza, la descalificación, y hasta la agresión o violencia contra su vida, sin hacer concesiones, sin traicionarse a sí mismo ni traicionar el juramento de actuar conforme a la ley y sólo la ley. Es ahí cuando recuperamos la esperanza.
​La valentía no es un adorno más, prendido a la toga. Es un requisito sin el cual no hay justicia que valga.
Sabanilla, 17 de febrero de 2021.

¿Es la cárcel solo para los pobres en América Latina?

En distintos sectores de la población está extendida la idea de que los ricos rara vez son encarcelados. Casos de corrupción o desfalcos suelen ser saldados con multas.

“¡Cinco años de cárcel por robarse una gallina!”, dice un titular de la revista colombiana Semana de septiembre de 2014. “Caso Penta: paga multa y logra acuerdo”, dice el sitio web T13.cl de agosto de 2019. El primer relato se refiere a dos hermanos que comieron gallina y se fueron del restaurante sin pagar la cuenta. El segundo, a uno de los protagonistas de uno de los fraudes al fisco más sonados de los últimos años en Chile. Los dos primeros eran personas humildes. El otro, un empresario conocido, con influencias y contactos.

El desigual acceso a la justicia y la sensación de que hay sentencias suaves para los ricos y duras para los pobres, además de una aparente mano blanda contra funcionarios corruptos, fueron elementos que gravitaron en los recientes estallidos sociales latinoamericanos. Noticias similares a las que citamos al comienzo se encuentran por doquier, y no hay que hurgar mucho para encontrar casos emblemáticos, como el de Bastián Arriagada, joven de 22 años que estaba preso en Chile por vender discos pirateados cuando se produjo un incendio de la cárcel de San Miguel. Murió calcinado junto a otros 80 reos en 2010.

“Obviamente este fenómeno se repite muchísimo en la región, y si bien la idea de que los ricos pagan multas y los pobres van a la cárcel puede ser polémica, tiene razones y causas objetivas. Hay varios factores que lo explican”, dice a DW Marie-Christine Fuchs, jefa del Programa de Estado de Derecho para América Latina de la fundación alemana Konrad Adenauer (KAS). “Uno de esos factores son los estereotipos, es decir, pensar que un pobre migrante es automáticamente un delincuente, como ocurre en Chile con los mapuches. Ese tipo de prejuicios se percibe también en el trabajo de la Policía y la Fiscalía”, explica.

“Otro factor son las condiciones gravísimas de las cárceles. A ellas efectivamente llegan los más pobres, y hay muchos estudios sobre esto. Los delitos más catalogados son robos, hurtos u otros relacionados con drogas. Las personas salen de las cárceles en peores condiciones, porque faltan programas de reinserción. Y bueno, obviamente hay una amplia tasa de impunidad en todo lo que se llama delitos de cuello y corbata, como en Chile es el caso Penta”.

Hay avances, pero…

“Uno de ellos tiene que ver con una sensación de impotencia frente a la falta de igualdad ante la ley, especialmente con la aplicación de esta para los más pobres, mientras la élite se cree y se siente en un lugar de privilegio que le permite evadir la ley y protegerse”. Y agrega que “no es solo un problema sistémico de la justicia chilena, sino algo más profundo, es una sensación de una élite que se autoprotege en sus privilegios y riquezas”.

Pero hay otros condicionantes, pondera Fuchs. “Por ejemplo, políticos involucrados en actos de corrupción acceden a los mejores abogados, que siempre van a encontrar recursos legales para que el proceso nunca acabe”, explica. Si bien la experta alemana reconoce que ha habido avances, y que las defensorías públicas o del pueblo suelen contar con buenos especialistas, “se trata de instituciones que no siempre funcionan con muchos recursos y que obviamente no van a tener tiempo para defender todos los casos”.

Nuevas brechas en el horizonte

“El gran problema general de la ley en Latinoamérica es que hay una brecha gigante entre la norma y la realidad. Hay constituciones gigantes con derechos sociales y políticos, pero no siempre se cumplen”, dice Fuchs. También estima necesario que los pequeños delitos no se paguen con cárcel, sino con penas alternativas. Y pone sobre la mesa algo que ocurre en El Salvador que ella considera “terrible”: “Hay muchas mujeres en la cárcel porque se las acusa de haber intentado un aborto. Si una mujer pobre pierde a su hijo y no puede probar que no fue un aborto y no tiene dinero para un abogado que la defienda, puede ser que la metan en la cárcel. Es otro ejemplo gravísimo donde hay una política criminal ajena a la realidad de Latinoamérica, que debería cambiarse urgentemente”.

especialmente porque en muchos casos “la respuesta a los delitos sigue siendo muy antigua”

Pensemos en delitos como los informáticos, acceso a información privilegiada, colusiones, legislación antimonopolio o anticorrupción”, todos ellos elementos modernos que “no han sido fáciles de perseguir por su complejidad”.

Fuchs, en tanto, ve otra fuente de desigualdad en la pandemia del coronavirus. “Así como muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, la Justicia también está operando a través de internet. Por eso, el acceso a ella dependerá cada vez más de tener un buen acceso a la red. Y si no ponemos atención a eso, teniendo en cuenta que hay 77 millones de personas en América Latina y el Caribe sin conexión a Internet, se gestará una nueva brecha y la desigualdad crecerá aún más”.

FUENTE: DW.com