ENTREVISTA, AL DR. JUAN ANTONIO GARCIA AMADO, publicada en el periódico El Mundo, de España, el sábado 3 de agosto 2024.

«LOS PRIVILEGIOS EXTREMOS PARA LA MUJER DE UN PRESIDENTE LA LIBERAN DE REGLAS JURÍDICAS, MORALES Y ESTÉTICAS»

EL MUNDO. Sábado, 3 de agosto 2024

JUAN ANTONIO GARCÍA AMADO

Autor de más de 10 libros y cientos de artículos académicos, es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de León. Su obra más reciente es ‘Argumentación jurídica. Fundamentos teóricos y elementos prácticos’ (Tirant lo Blanch, 2023)

Pregunta. Usted es hijo de campesinos. Nació y se crio en Ruedes, una pequeña aldea de Asturias. ¿Cómo influye su origen en su visión del mundo?

Respuesta. Soy orgulloso hijo de campesinos humildes. Para estudiar tuve que superar complejos y adaptarme a modos de conducta y de relación que no eran los de mi gente. Así aprendí que las discriminaciones más nocivas no son las económicas, sino las de base puramente grupal y simbólica. El pobre a menudo pierde, se rinde o se aleja de los lugares del saber y del poder, y no principalmente porque no tenga riqueza, sino porque carece de cierto estatus que dan las relaciones sociales en determinados ambientes: porque no sabe vestir como los otros, comer como los otros, hablar como los otros… Cuando te aplicas, te mimetizas y adquieres esas peculiares habilidades, te das cuenta de que también los otros, los «selectos», viven encerrados en su propia prisión y tienen que hacer esfuerzos para dárselas de sensibles, cultos, políticamente conscientes y personalmente atractivos. Y como a muchos no les alcanza la inteligencia o les falla el tesón, desarrollan estrategias de pura apariencia y se habitúan al fingimiento estamental. Se vuelven algo parecido a curas sin vocación, simulan sensibilidades que no son suyas, lecturas que nunca han hecho y preocupaciones de las que en verdad carecen.

1. ¿Qué efecto tiene esa revelación?
2. Esto, a los que tenemos orígenes humildes, nos provoca un distanciamiento interior muy serio, porque de jóvenes pensamos que era auténtico todo eso de lo que los burguesitos blasonaban ante nosotros, cuando todavía no teníamos carrera o no hablábamos idiomas o no habíamos viajado tanto. Con el tiempo uno se da cuenta de que tal experiencia brinda también claves para entender lo que sucede en nuestro país y por qué la izquierda ha perdido su identidad y se ha convertido mayormente en un nido de hijos de papá y maniquíes superficialmente alfabetizados. Antes, esa pequeña burguesía con más ínfulas que luces se agenciaba su imagen social pretendidamente superior a base de identificarse con ciertos tópicos culturales, pero desde hace un tiempo la identidad de los supuestos intelectuales y de las presuntas vanguardias ya no se teje con guiños pseudoeruditos, sino con uniformes políticos y consignas de baratillo. Vivo rodeado de personas que temen más a la muerte civil por no ser progre que a la muerte real cuando toque.
3. Su primera inclinación fue hacia la Filosofía, pero estudió Derecho, y hoy es catedrático de Filosofía del Derecho.
4. Estudié Derecho porque no tenía dinero para irme fuera de Asturias a estudiar Filosofía. Hice muy bien la carrera, pero me pareció fea, porque pocos de aquellos profesores entendían el fondo de lo que explicaban, simplemente repetían manuales oxidados y viejos apuntes con gesto cansino y rancia actitud. Así que me dediqué a la Filosofía del Derecho, pero luego llegó el nuevo desengaño, el de encontrarme con que buena parte de los filósofos profesionales son petulantes sin mucho seso. En cuanto a los filósofos del Derecho, mis colegas, también hay de todo, cómo no, pero abundan los desertores de lo jurídico, los que van para obispos de la nueva religión secular y se dedican a ordeñar lo políticamente correcto. En este momento hay docenas y docenas poniendo en libros y artículos lo que ya sabía mi abuela analfabeta: que lo bueno es mejor que lo malo, que de lo importante cuanto más mejor y que lo que daña duele y lo que no mata engorda.
5. En la España actual, son muchos los políticos que consideran el derecho (y por extensión al poder judicial) un obstáculo para la democracia.

¿Qué les diría? R. Les diría que no son mejores que cuantos dictadorzuelos y déspotas en nuestro mundo han sido, pues lo primero que pretenden los narcisistas ansiosos de poder es que nada limite sus deseos y que nadie se oponga, desde la ley y desde el interés general, a sus caprichos. Todos los que han querido acabar con el Estado constitucional de Derecho y dejar en agua de borrajas la garantía de los derechos de los ciudadanos se han opuesto a la separación de poderes, a la independencia e imparcialidad de los jueces, al control judicial del poder ejecutivo y la supervisión seria de la constitucionalidad de las leyes. Socavar tales principios estructurales y esos controles no implica actualmente suprimirlos, sino convertirlos en farsa y hacer de los más altos tribunales y de las cortes constitucionales una triste caricatura en manos del servicio doméstico del partido.

1. ¿Cómo valora el papel de los intelectuales ante estos ataques al derecho?
2. No entiendo a tantos académicos o profesionales que se echan las manos a la cabeza cuando Trump insulta a los jueces y fiscales que lo investigan y, a la vez, se ofenden y se alarman cuando un juez de aquí, ley en mano, para los pies a un golpista, investiga a un posible corrupto o condena a los que robaron setecientos millones de euros a los parados Andalucía. Mejor dicho, esos cabezas de chorlito no se oponen a todo eso si el investigado es novio de Ayuso, por ejemplo, sino solamente si es del partido del jefe o si es la señora de su caudillo. Los que están vitalmente incapacitados para entender que lo que está mal está mal, tanto si lo hace Agamenón como su porquero, tampoco logran comprender que los jueces apliquen para todos la misma ley y de idéntica manera. Vivimos un retorno al tribalismo más obsceno y lo terrible es que uno encuentra mucha más gente así en los campus universitarios que en los bares de los barrios. Nuestro paradójico pijerío vive entre la superioridad moral y el raciocinio averiado. Han reemplazado la reflexión por la fe del carbonero y mueven la cola esperando órdenes, eslóganes y algún que otro huesito.
3. Ha sido muy crítico con la Ley de Amnistía. ¿Por qué?
4. Imaginemos que hubiera un partido de delincuentes de cuello blanco o de maltratadores domésticos, que ese partido tuviera unos pocos diputados, que un grupo político necesitara sus votos para gobernar y para conseguirlos indultara y hasta amnistiara a los que cometieron tales delitos y nos dijera, para colmo, que es para alcanzar un diálogo económico más hondo o la pacificación entre los sexos. Si los que en aras de la gobernabilidad y los acuerdos apoyan la amnistía para los golpistas catalanes asumen que también podría ser razonable ese otro escenario que planteo, me parecerán coherentes, aunque discrepe de ellos. Si piensan que la amnistía a delincuentes económicos o a abusones machistas para poder gobernar sería inadmisible, pero admiten que el PSOE y sus conmilitones amnistíen y favorezcan de mil maneras a los malversadores catalanes y a los perpetradores de aquel golpe de Estado, la conclusión me parece inexorable: su ética necesita un repasito kantiano y su desarrollo moral no es el propio de un adulto, se quedó cerca de lo que Freud llamaba la fase analsádica.
5. El derecho es la fuente de poder de los débiles, ¿por qué últimamente la izquierda lo vende como el refugio de los poderosos?
6. Jamás los ciudadanos han tenido tan protegidos sus derechos y tan bien amparadas sus más altas expectativas vitales como en estos que llamamos Estados constitucionales, democráticos y sociales de Derecho. Pero los viejos poderes han desplegado sutiles estrategias para conservar y acrecentar su dominio. Primero, desde el constitucionalismo alemán más conservador se difundió la idea de que ya no vivimos en Estados de la legalidad, sino en Estados presididos por constituciones cuya naturaleza última no es jurídica y política, sino moral, axiológica. De esa manera se quiso convertir el control de constitucionalidad en control de moralidad, con el muy lampedusiano propósito de que todo cambie para que todo siga igual. En la siguiente fase, en las universidades más caras y exclusivas de Latinoamérica se difundió ese mensaje elitista y se patrocinó esa deconstrucción de las constituciones, pero haciéndolo pasar todo por progresista y liberador de los oprimidos. Así se selló la alianza inusitada entre teorías críticas del derecho y pensamiento reaccionario premoderno. Lo nunca visto. Se quiso convencer a la ciudadanía de que, puesto que la ley no es ya tomada como regla vinculante y dado que la Constitución de verdad no está en el texto constitucional, no importa lo que el pueblo vote, no importa que no haya verdaderos partidos, no importa que no se respeten las libertades políticas ni las otras, puesto que el profundo contenido social y reformista de la Constitución lo iban a hacer valer los tribunales constitucionales. Es como si pensamos que las grandes reformas aquí van a surgir del festival de Eurovisión. A la vez, se maniobraba sibilinamente para que todos los altos tribunales estuvieran en manos de personas provenientes de las viejas familias que siempre mandaron o salieran de las universidades de los privilegiados. La consecuencia es que ya no hay ni legalidad ni constitucionalidad ni derechos seriamente protegidos ni control judicial del poder ni nada de nada, solo apariencia, jurisprudencia simbólica, altos jueces convertidos en estrellas mediáticas y tiranos mediocres que disfrutan lanzando migajas a los candidatos a las supremas magistraturas al grito de «pitas, pitas, pitas». Hacia ahí vamos aquí también.
7. La investigación a la mujer del presidente, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha provocado reacciones contra el juez instructor por parte del propio Gobierno. ¿Cómo es de grave que desde el poder ejecutivo se señale a un juez?
8. Todo el mundo se echaría las manos a la cabeza si a los jugadores se les permitiera insultar al árbitro o si al presidente de un equipo de fútbol se le tolerara que sembrara bulos rastreros sobre el árbitro que ayer le pitó un penalti. E imaginemos que, a las órdenes de ese equipo, todo un rebaño de periodistas a sueldo del club se lanzara a vilipendiar el deporte en cuestión, destruir el reglamento y abogar por que ningún árbitro ose marcarle una falta al equipo de sus entrañas y sus cuentas corrientes. Proponer privilegios jurídicos extremos para la mujer de un presidente del Gobierno supone hacerla intocable por ser la mujer del pequeño césar, a la vez que se la libera de toda regla moral, jurídica y hasta estética. Nada más reñido con la igualdad de los ciudadanos y nada más dañino para la dignidad de los opinadores en nómina y para el prestigio de los académicos entregados a la limpieza de desagües. Y, además, es la enésima muestra del machismo de estos pensadores de pega que entienden que nada justifica más el estatuto superior de una mujer que el que sea esposa o pareja de un machote mandón. Lo que acabo de decir vale para cuando gobiernan tirios y cuando gobiernan troyanos, para capuletos y montescos, para los de una cuadra o los de otra, es lo mismo. Cuando las reglas morales tienen color y equipo, no nacen de la reflexión, sino de la alienación.
9. El caso también ha puesto el foco en las tramas que recorren la universidad pública. Como catedrático, ¿qué cree que necesita cambiar en nuestras universidades?
10. La universidad pública es un cadáver exquisito. La CRUE [Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles] no condenó el intento de golpe de Estado en Cataluña, la CRUE no dijo ni pío sobre la Ley de Amnistía y perderá cada ocasión para defender las más básicas estructuras constitucionales, a la vez que los rectores se meten de hoz y coz a apoyar cualquier causa lejana políticamente correcta o mediáticamente rentable según la ortodoxia del actual discurso dominante. La universidad española está políticamente sesgada, pero no comprometida con la defensa de nuestro marco político de democracia y libertades. Lo digo con el mayor dolor, pero nuestras universidades están moralmente secas e intelectualmente deprimidas. Por otra parte, ese es el efecto de una legislación reiterada que cambia el mérito por la rutina, el rigor por el fingimiento curricular, la excelencia por la mediocridad y la iniciativa individual por la indiferencia colectiva. Tengo amigos rectores, sé de las buenas intenciones de más de uno y admiro su empeño o su ingenuidad, pero estoy convencido de que la universidad española es ya irreformable, aunque le queden décadas de estertores y aunque en algún ranking se presuma un día de que hasta al jardinero se le ha hecho catedrático por sus méritos en transferencia y abono.

CANCELACIÓN «Vivo rodeado de personas que temen más a la muerte civil por no ser ‘progre’ que a la muerte real cuando toque»

ABUSO «Los narcisistas ansiosos de poder pretenden que nadie se oponga desde la ley y el interés general a sus caprichos»

PODERES «Todos los que quieren acabar con el Estado de Derecho se oponen a la separación de poderes»

DETERIORO «Socavar los principios del derecho no es solo suprimirlos, sino convertirlos en farsa y caricatura»

POLARIZACIÓN «Vivimos un retorno al tribalismo más obsceno, y lo terrible es que hay mucha gente así en las universidades»

LA IZQUIERDA «Con el tiempo uno llega a entender por qué la izquierda ha perdido su identidad»

CONOCIMIENTO «Nuestras universidades están moralmente secas e intelectualmente deprimidas»

Ante las altas tasas de homicidios generados en lo que va del año 2023 y el consecuente incremento de otros hechos delictivos, la ciudadanía en general ha mostrado preocupación tratando de buscar responsables de ello y sobre todo pidiendo acción a las autoridades gubernamentales al respecto. Unos y otros, gobierno, ciudadanos, gestores de opinión, comentarios en redes sociales, editoriales informáticos, medios de comunicación escrita y televisiva, buscan respuesta y pregonan soluciones viables que detengan o al menos mitiguen el flagelo que se vive en las calles de nuestro país.

La inseguridad ciudadana, no es más que el temor a ser objeto de posibles agresiones, que en cada momento son objeto de noticia, homicidios, asaltos, robos, sustracciones de menores, desaparición de personas, violaciones y ofensas sexuales a mansalva, así como gran variedad de delitos menores. Hechos todos que no solo afectan la calidad de vida de todos los ciudadanos, sino que también ha influido en la percepción sobre nuestro legendario sistema democrático, donde los poderes de la república, ejecutivo, legislativo y judicial, se ven permeados al respecto.

Cada uno de los actores gubernamentales, han tratado de hacer ver que el problema no es propio de las obligaciones que constitucionalmente les competen e endilgan la responsabilidad a la acción o inacción de las diversas autoridades que están llamadas a cumplir con ellas. Así observamos al Presidente de la República, pretendiendo hacer ver que el grave incremento de homicidios no son una crisis nacional, llamando a ello “un estado de salud crónica y no un cuadro agudo”, como en realidad consideramos que si lo es. De igual manera el Ministro de Seguridad, ha indicado que es: “injusto que le achaquen responsabilidad a él o al Gobierno por las tasas de criminalidad que afronta Costa Rica en estos momentos”.

La ciudadanía en general, quiere respuestas y acciones, quieren conocer quien tiene legitimidad para afrontar el grave problema que les acecha, porque ello promueve el temor y el miedo a la inseguridad, situación que consideramos nuestro Gobierno no ha podido manejar. Por ello, para poder plantear soluciones es importante conocer la génesis del fenómeno delictivo, sus causas y consecuencias, mismas que pareciera tener el Gobierno claras, cuando la Presidencia ha indicado: “ que la problemática está alimentada por la guerra de pandillas, los ajustes de cuentas y los bajonazos de droga entre los grupos organizados”. Nuestro criterio es que la problemática va más allá de ello, lo manifestado son solo actos que promueven los hechos delictivos actuales, pero no su génesis como tal.

Los hechos delictivos, siempre han estado presentes en la sociedad, incluso en las más incipientes o evolucionadas formas de organización social, y más aún en un mundo tan globalizado como en el que hoy día nos desenvolvemos.

La inseguridad ciudadana, no permite la convivencia pacífica. Los derechos fundamentales están en peligro y son lesionados constantemente, por ello es que

garantizar la seguridad de todos los ciudadanos es la razón de ser del Estado, sin distingos de cual ente es el responsable de ello. Una sociedad como la nuestra, donde el estado social democrático ha prevalecido, no ha dejado por fuera conductas antisociales de funcionarios encargados de esta función primordial, situación que ha generado incertidumbre y por ello los gobernantes tienen el enorme reto de eficacia y legitimidad que se espera de sus obligaciones, así como de las diferentes instituciones que están llamadas a cumplir con ello.

En la medida en que la percepción de inseguridad aumenta, la legitimación del Estado como ente rector de las políticas criminales disminuye. Esta ausencia de legitimidad, es percibida por la sociedad en general, como una imposibilidad de garantizar las funciones que constitucionalmente les han sido otorgadas tanto a quienes crean las leyes (Poder Legislativo) quienes las ejecutan (Poder Judicial ) y sobre todo a quienes tienen la competencia administrativa y preventiva de ello. (Poder Ejecutivo ). De ahí la necesidad de que la política criminal sea integral, este en coordinación con todos los entes rectores, porque no hacemos nada, pretendiendo criminalizar todo, aumentando penas, disminuyendo beneficios, reprimiendo sin considerar lo más importante que es la prevención. Ya grandes problemas se han generado al legislar y no dar contenidos económicos para la eficaz ejecución de las leyes, aumentar penas y disminuir beneficios carcelarios, sin considerar que el fin preventivo resocializador de las sanciones, es difícil para el estado garantizarlo.

La percepción que los ciudadanos tienen respecto del Estado y las instituciones represivas y preventivas, sea Poder Judicial, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio de Seguridad Publica, Ministerio de Justicia y Paz, y todas en general, se aprecia sobre el desempeño que estas tienen en su razón de ser de la función de brindar la protección. Es claro también que la percepción de inseguridad puede estar influenciada por las creencias, actitudes, valores y experiencias que han tenido los ciudadanos en general y que pueden o no tener correlación con esta, dejando claro que hoy día esa percepción es clara y tiene correlación con lo que día a día sucede en cada una de nuestras comunidades, por ello es evidente que la ciudadanía en general no se sienta protegida y tengan la sensación de que la criminalidad ha rebasado al Estado, que la delincuencia esta fuera de control y por ello se cuestiona la eficacia de todas las instituciones llamadas a procurar e impartir no solo la seguridad, sino que la justicia que se pide.

No es suficiente hacer populismo fundamentándose en esa percepción de inseguridad, ya sabemos que muchas veces los políticos toman partido de ello, para ganar adeptos a sus intereses, pregonando “cero tolerancia” para todos los delitos, olvidándose de tomar las medidas preventivas requeridas para paliar la actividad delictiva y sus consecuencias.

No basta entonces, que en nuestro sistema social democrático, las instituciones tengan una buena imagen, sino que los ciudadanos las utilicen, las hagan suyas y que estas respondan a brindar solución a sus problemas y necesidades. Por ello lo importante es una política criminal integral, no solo reactiva sino proactiva, que accione de manera permanente y no solo cuando los índices delictivos se desbordan. El modelo entonces no solo debe ser de acciones de reacción y disuasión, sino que de prevención y sobre todo considerando la participación activa de la ciudadanía en general para con ello cambiar la percepción de inseguridad que prevalece.

Rafael Rodríguez Salazar
Abogado Penalista