El derecho a la huelga es la ‘ultima ratio’ de los trabajadores frente a la negativa de los patronos a retribuir equitativamente su esfuerzo en la producción de bienes y servicios dentro del sistema capitalista.

Los trabajadores son los creadores de la riqueza de una comunidad ¿cuál es el valor del oro en las profundidades de la tierra?  Los dueños del capital ¿diseñaron y construyeron los altos hornos y las máquinas-herramienta? Es la famosa pregunta de Brecht: para la construcción de la muralla de Tebas ¿transportaron los reyes las grandes piedras?

El reconocimiento universal del derecho de los trabajadores a la huelga significó en su momento la admisión, por parte de las elites gobernantes, de que en el proceso capitalista, el esfuerzo productivo de aquéllos creaba normalmente un excedente de riqueza al que tenían derecho; y que por ende era de justicia reconocerles por lo menos la posibilidad legal de recurrir a su única defensa: dejar de producir para impugnar de esa manera la inequidad del pacto laboral vigente, y reivindicar sus derechos a una justa retribución y a una vida con dignidad.  En suma: el reconocimiento oficial de la huelga significó el reconocimiento de la existencia de la plusvalía, y la legalización de una forma civilizada de lucha clasista por derechos económicos y sociales fundamentales de los trabajadores.

También los trabajadores en la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, la salud y la seguridad de las personas, tienen derecho a la huelga; y deben poder ejercerlo si se garantiza el funcionamiento de un mecanismo que impida se ponga en riesgo vida, salud y seguridad.  Esto no lo acaba de inventar la OIT, sino que está vigente desde hace décadas en todos los países civilizados; pero no en Costa Rica, donde se mantenía una normativa y una praxis judicial inconstitucional, porque negaba expresa o implícitamente un derecho consagrado en la Constitución.

En cuanto a los esquiroles, es obvio que su existencia es incompatible con el instituto mismo de la huelga, porque la privan de su principal instrumento: la presión que para el patrono supone no estar funcionando. De modo que era completamente correcta la solución incorporada en la ley hoy vetada: el patrono puede contratar esquiroles si la huelga de sus trabajadores es declarada ilegal.

Ahora bien, Mauricio Castro Méndez ha demostrado en un artículo reciente que el gobierno de doña Laura conocía al dedillo ambas disposiciones, las había estudiado, las había discutido y las había aceptado expresamente. ¿Cómo se explica entonces el veto, apoyado en la afirmación de la Presidente y su equipo, de que no las conocían, no las habían visto, que en el momento de estudiar el proyecto, todos ellos habían saltado su lectura? ¿Todos?¡Extrañísima coincidencia!

Aparte de la enésima constatación de que estas personas no tienen vergüenza ¿qué significa esta vuelta atrás? Yo me doy la siguiente explicación: la huelga es uno de los pocos medios lícitos que le quedan a la clase trabajadora de rechazar por las vías de hecho el asedio económico neoliberal, que ha conseguido que en muchos países se haya penalizado fuertemente incluso la protesta popular en las calles. Creo incluso que la reciente agresión legislativa que han sufrido  las garantías del derecho y el proceso penal en nombre de las políticas del populismo punitivo, persiguen el fin ulterior de precarizar la situación de las clases populares, a fin de impedir sus esperables reacciones antes las políticas depredatorias en curso.

Entonces ¿que de extraño tiene que, ante una indicación desde lo alto, que el Gobierno “no podría rehusar”, traten ahora, sin elegancia y a destiempo, de privar a los trabajadores de los servicios públicos (que son uno de los últimos grupos combativos que nos va quedando) de aquel legítimo pero indeseable derecho?

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