El grupo costarricense Ecoquintas invirtió alrededor de $14 millones en el desarrollo de un proyecto de 800 quintas, ubicado en La Fortuna de San Carlos.

“La Finca Comunidad Campestre” es el nombre del desarrollo localizado a 1,5 km del centro de La Fortuna. Según un comunicado de prensa, los tamaños de las quintas, totalmente planas, oscilan entre los 300 y 1.000 metros cuadrados.

El proyecto incluye condominios, así como residenciales para la clase media alta. Además, cada propiedad cuenta con servicio de agua y electricidad, acceso para todo tipo de vehículos e impuestos municipales.

Gaudelio Zúñiga, presidente de Ecoquintas, indicó que el público meta principal del proyecto son los inversionistas costarricenses.

“Muchos inversionistas especulan que este mercado es solo para los extranjeros centrándose en los dólares y euros, pero  la inversión es muy riesgosa, y al final no da resultados”, agregó Zúñiga.

Ecoquintas ya ha desarrollado cerca de 2.000 proyectos similares en sus 14 años de operación y el año pasado registró un crecimiento del 20%. De acuerdo con Zúñiga, la empresa ofrece los terrenos financiados al 100% sin la intervención de entidades bancarias.

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La Fiscalía cambió la acusación contra dos funcionarios del Ministerio de Seguridad a quienes en un inicio les atribuía vender datos policiales. Sin embargo, ahora los señala por pedir dinero a un empresario a cambio de viajar a la zona sur para hacerle un trámite.

Los imputados son de apellidos Ortega y Ramírez. El primero se desempeñaba como jefe del Archivo Policial, en tanto que el segundo estaba encargado de tomar huellas dactilares en esa dependencia.

Ellos fueron detenidos en mayo del 2011 por el Organismo de Investigación Judicial.

En ese momento la Policía Judicial señaló que ambos eran sospechosos de cobrar unos ¢380.000 a empresas privadas a cambio de darles información. La Fiscalía les achacó el delito de peculado.

No obstante, para el juicio por este caso que empezará mañana a las 8 a. m. en el Tribunal Penal de Goicoechea, los fiscales revaloraron la prueba y variaron la acusación por el delito de concusión.

Sobre esa transgresión, el Código Penal establece que “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.

Defensa. El abogado defensor de Ortega, Rafael Rodríguez, aseguró que no hubo “nada ilegal” en la situación descrita por el Ministerio Público.

“Lo que se dio fue una solicitud de una empresa de que se fuera a hacer la toma de huellas dactilares a la zona (en Corredores) para que no tuvieran que desplazarse 40 oficiales (privados). Ellos ponían los gastos de hospedaje y viáticos”, manifestó Rodríguez.

“Eso se hacía. Nosotros tenemos cartas donde se hacían esas solicitudes a la Policía porque no tenía nada de ilegal. La toma de huellas únicamente es requisito para actos de otros departamentos. Se autorizó como se han autorizado cientos de casos”, alegó.

Rodríguez afirmó que la factura de los ¢380.000 corresponde al pago de los viáticos de los funcionarios.

“Eso es lo que en última instancia pudo acreditar la Fiscalía para poder mantener el proceso”, aseguró el defensor.

Rodríguez informó de que el Ministerio de Seguridad despidió a su cliente y a su compañero, pero Ortega inició un proceso contencioso por lo que fue reinstalado en su puesto como medida cautelar.

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