La abogacía costarricense reclama desde hace más de 30 años un nuevo modelo que le permita superar la turbulencia ética y académica que atraviesa. El carcomido modelo de la enseñanza del Derecho se mantiene estancado desde hace decenios, manteniéndose en el caldo de cultivo de los decadentes valores en boga.

 La calidad de los programas de estudio ha descendido a profundidades insospechadas, la competencia mercantil entre las universidades privadas redujo los semestres a cuatrimestres, cursos que antes del presente siglo ocupaban 1  año, ahora son impartidos en menos de 8 meses.

 El nivel técnico de las recientes generaciones de profesionales en derecho ha descendido vertiginosamente.  La calidad de los servicios profesionales privados y de la jurisprudencia nacional, ha desmejorado asombrosamente.

 El añejo modelo de la abogacía seguirá desmoronándose día a día, hasta que emerja el cambio cíclico inevitable.  La crisis económica y social que afecta nuestra nación, es parte de la crisis generalizada que existe en el mundo.

 Desde que en 1973 inicié mis estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica, topé de frente con el dilema fundamental de la abogacía:  ¿Justicia o derecho? y hasta ahora, han sido los rumbos opuestos que percibo a diario en mi brújula ética y profesional, en mi bufete, en los estrados y la academia.

 Parece que la solución es muy simple y para toda clase de estudiantes y de abogados. Para unos será la ley, para otros a veces la justicia y a veces el derecho y para algunos siempre será la justicia.

 Yo soy pertenezco a ese último grupo, convencido de que si hay contradicción entre la norma y la justicia, ha de prevalecer la justicia.

 La ética profesional de la mayor parte de los 20.774 abogados costarricenses se reduce a un cursito de unas pocas semanas y a un reglamento disciplinario, que pretende inocular el mínimo de decencia indispensable para el ejercicio profesional.

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Fuente: Blog Juan Diego Castro