La sobrepoblación de las cárceles es política del sistema penitenciario costarricense. La realidad de la infraestructura disponible no ofrece alternativas. El sistema se declara dispuesto, oficialmente, a excederse en un 20%. Aceptamos, entonces, como país, un hacinamiento a todas luces inconveniente, violatorio de derechos fundamentales y enemigo de todo esfuerzo de rehabilitación.

Las autoridades penitenciarias no aplauden. Actúan obligadas por las circunstancias y, sin tan solo pudieran cumplir la insatisfactoria meta, mejorarían en mucho las condiciones de encarcelamiento. Pero no lo logran, la sobrepoblación del sistema ronda el 36,5%, no lejos del doble de la tolerancia aceptada por pragmatismo, pese a su terrible inconveniencia.

En menos de ocho años, la población penitenciaria nacional creció un 80,4%. La infraestructura, casi está de más decirlo, no aumentó al mismo ritmo. Las cárceles están desbordadas. Ocho de las catorce prisiones existentes han sido objeto de cierres técnicos decretados por la judicatura.

Tanta es la escasez de plazas que las celdas de detención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), carentes de luz solar, camas y privacidad en los servicios sanitarios, porque su diseño fue pensado para cortas estadías, se transformaron en cárceles auxiliares. Con la mitad de las prisiones clausuradas y el resto del sistema a reventar, la Dirección General de Adaptación Social no podía recibir a los detenidos por el OIJ.

El director de ese cuerpo policial, exasperado por las condiciones existentes en sus celdas de detención, planteó un recurso de amparo a favor de 126 reos internados en ellas. Por suprema ironía, el traslado de esos presos a otras instalaciones, no obstante su hacinamiento, implicaría un beneficio.

Si el sistema como un todo es incapaz de limitar la sobrepoblación al 20% y no anda lejos de duplicar esa cifra, la prisión de San Sebastián, con un exceso cercano al 80%, es el buque insignia de nuestra tragedia carcelaria. En vista de esa circunstancia, Roy Murillo, juez de ejecución de la pena, adoptó la polémica decisión de ordenar la reducción del hacinamiento.

Solo hay una forma de hacerlo y el Ministerio de Justicia ya puso manos a la obra. Entre el lunes y el martes, 92 reos de diversas cárceles abandonaron sus celdas para dejar espacio al mismo número de detenidos en San Sebastián. Otros 278 seguirán sus pasos antes del fin de semana.

La realidad se impone. O construimos suficientes cárceles o internamos menos reos. Contar con las celdas necesarias para acomodar a la creciente población penal no es, por lo pronto, factible. Un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo permitirá abrir 2.700 plazas adicionales en el 2015 y el Ministerio de Justicia tiene recursos para construir otras 600 a corto plazo. Sumadas, las instalaciones no alcanzan para la población existente, pero, si el ritmo de encarcelamiento persiste, su insuficiencia se ampliará antes de que puedan ser inauguradas.

La única posibilidad es recurrir a las medidas alternativas contempladas por la legislación y a los remedios ofrecidos por la tecnología. La vigilancia electrónica por medio de brazaletes, como se acostumbra en otros países, enfrenta en Costa Rica el rechazo de quienes abogan por la severidad en la administración de justicia, pero son una alternativa a la prisión preventiva cuando se trate de delitos de poca peligrosidad.

El efecto de los brazaletes sobre el hacinamiento en las prisiones es fácil de adivinar cuando se considera que la cuarta parte de los detenidos están en espera de juicio. En esos casos, la agilidad de los procesos penales también contribuiría a poner coto a la sobrepoblación, porque, al cabo del juicio, muchos reos son absueltos o sometidos al régimen de ejecución condicional de la pena.

Existen, claro está, las medidas alternativas ya previstas por la legislación, pero nada impide pensar en la extensión del uso de los brazaletes a sentenciados por conductas que no planteen un grave riesgo para la sociedad. En cualquier caso, estas políticas exigen una buena definición de las hipótesis de su aplicación y fuertes sanciones –esas sí carcelarias– para el incumplimiento.

Encarar el problema con la vista puesta en la realidad es mucho mejor que ejecutar con precipitación, al impulso de las circunstancias, medidas de desalojo como las practicadas esta semana.

Según Adaptación Social, los beneficiados pasan al régimen semiinstitucional, deben tener domicilio fijo, dormir algunas noches en un centro carcelario y conseguir empleo.

Además, se trata de reos sin otros antecedentes, cuyas penas se cumplen este o el próximo año y fueron condenados por delitos no violentos.

Aun así, sería mejor que la liberación respondiera a programas preestablecidos y no a la súbita orden de un juez.

Fuente: La Nación